La tragedia del Tren Interoceánico que dejó 13 personas muertas y casi 90 heridas el pasado domingo en Oaxaca expone una cadena de negligencias que comenzó desde la construcción del proyecto insignia de Andrés Manuel López Obrador.
CDMX — La obra, controlada por la Secretaría de Marina (Semar), opera con trenes reciclados de hasta 50 años de antigüedad y sobre vías que presentaron problemas estructurales durante todo 2025, según revelan documentos oficiales y testimonios.
La Semar pasó el año completo intentando estabilizar los taludes —las pendientes artificiales creadas al excavar para construir la vía— en el tramo de Chivela a La Mata, precisamente donde ocurrió el descarrilamiento. En enero de 2025, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), paraestatal bajo control de la Marina, contrató de manera "urgente" a la empresa Infraestructura Capital Mexicano (ICM) por 322 millones de pesos para trabajos de seis meses. La justificación del capitán de navío Gilberto Fernando Mellado, subdirector Técnico del FIT, fue contundente: las lluvias intensas de hasta 150 milímetros generaron "inestabilidad en su arco de falla, arrastre de finos y derrumbes" que amenazaban la infraestructura y la seguridad.
Sin embargo, ese primer contrato resultó insuficiente. El 10 de septiembre, Mellado Azahar adjudicó directamente a la misma empresa obras "de emergencia" por 120 millones de pesos adicionales, nuevamente para estabilizar los mismos taludes. Este segundo contrato estuvo vigente hasta el 16 de diciembre, apenas dos semanas antes del descarrilamiento fatal.
El problema de los taludes es apenas la punta del iceberg de un proyecto plagado de irregularidades desde su concepción. La rehabilitación de la Línea Z, de Coatzacoalcos a Salina Cruz, que originalmente solo contemplaba mejorar vías para trenes de carga, se prolongó desde 2019 hasta 2025 por "condiciones adversas de orografía y terreno". El costo se duplicó: de 8,657 millones a 16,630 millones de pesos, sin incluir las obras emergentes de este año.
Videos difundidos por pasajeros muestran que en la curva donde descarriló el tren había durmientes de madera vieja, mientras que a apenas 10 metros se apreciaban durmientes nuevos de concreto. Desde 2021, la Marina trabajó "a marchas forzadas" para terminar los 308 kilómetros del tramo. En 2023, meses antes de inaugurarse, se asignaron contratos "urgentes" para reconstrucción de puentes y "estabilización dinámica" de 144 kilómetros de vía.
La Fiscalía General de la República (FGR) concluyó las necropsias de las 13 víctimas y avanza en entrevistas a la tripulación, sin precisar su situación jurídica. La Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio fue más directa: "Lo decimos con claridad y sin rodeos: este crimen tiene responsables. La Secretaría de Marina es responsable directa por ser la encargada de la planeación, construcción, administración y operación del Corredor Interoceánico". La organización denunció que la Semar "ha asumido un papel que no le corresponde, actuando como promotora, juez y ejecutora de un proyecto civil protegido por la fuerza armada y operado sin transparencia ni rendición de cuentas".
Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum arremetió contra el periódico El Universal por publicar fotografías de las víctimas en portada, calificándolo de "falta de pudor periodístico" e "inhumano". La crítica a un medio contrasta con el silencio sobre las responsabilidades estructurales que convirtieron un proyecto millonario en una trampa mortal sobre rieles obsoletos.
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