Un Juez Federal vinculó a proceso a Édgar N, alias “Limones”, secretario de organización de la Catem, detenido en Durango, por acopio y portación de armas, narcotráfico y otros delitos; permanecerá en prisión preventiva en el Penal del Altiplano
CDMX — La resolución judicial contra un dirigente sindical con presuntos vínculos criminales volvió a colocar en el centro del debate la infiltración de organizaciones delictivas en estructuras sociales y laborales del norte del país, particularmente en entidades afectadas por delitos de alto impacto.
Un Juez Federal vinculó a proceso a Édgar N, conocido como “Limones”, secretario de organización de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, señalado como presunto integrante de la organización criminal Los Cabrera. La determinación se tomó tras considerar su probable responsabilidad en los delitos de acopio y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, posesión de cartuchos y cargadores, así como delitos contra la salud en su modalidad de narcotráfico.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el imputado es identificado como posible operador financiero de un grupo delictivo con presencia en Durango y Coahuila. Su detención ocurrió el 10 de diciembre en Durango, como resultado de un operativo coordinado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, encabezado por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con apoyo de autoridades estatales.
Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva, misma que fue ratificada tras el debate entre la defensa y el Ministerio Público Federal. Además de los cargos federales, a Édgar N se le atribuyen investigaciones en curso por secuestro, extorsión, lavado de dinero, delincuencia organizada y robo de hidrocarburos.
Las indagatorias señalan que el imputado y su célula criminal estarían relacionados con amenazas, cobro de cuotas y extorsiones contra comerciantes y ganaderos en ambas entidades. La Unidad de Inteligencia Financiera detectó presuntos depósitos millonarios de origen injustificado y transferencias vinculadas a empresas utilizadas para operaciones de lavado. El juez concedió un plazo de dos meses para la investigación complementaria, que el imputado cumplirá recluido en el Penal del Altiplano.
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