El choque entre Alejandro Armenta y Carlos Barragán Amador en Xicotepec de Juárez, Puebla, va más allá de una auditoría municipal. El episodio reactiva viejas traiciones políticas y obliga al gobernador a sostener su exigencia de rendición de cuentas.
Ángeles de Puebla
La escena quedó registrada en imagen y video: el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, con el gesto severo. En la imagen con el puño cerrado, encarando al presidente municipal de Xicotepec. No se trató de un intercambio menor ni de una simple declaración de revisión administrativa. Fue la expresión visible de una historia política que se remonta a más de una década y que hoy reaparece bajo la forma de auditorías y reproches públicos.
Para entender el fondo del conflicto con Carlos Barragán Amador, es necesario volver a 2010-2011. Armenta presidía entonces el Comité Directivo Estatal del PRI y operó la designación de candidaturas al congreso local y las alcaldías, que acompañarían a Javier López Zavala en la elección por la gubernatura. Aquella contienda estuvo marcada por fracturas internas, traiciones y deserciones que facilitaron el ascenso de Rafael Moreno Valle.
En la Sierra Norte de Puebla, esas rupturas tuvieron nombre y apellido. Barragán Amador, tras practicamente concluir su paso por el Congreso local, optó veladamente por no acompañar al priismo y operó políticamente a favor del morenovallismo en Xicotepec. No fue un caso aislado. En Huauchinango, los hermanos Carlos y Omar Martínez Amador siguieron una ruta similar, incluso abandonando el PRI para ganar bajo otras siglas, contribuyendo a la derrota del tricolor en la región.
Además, el perfil de Barragán es demasiado conocido en los círculos políticos de Puebla: cada encargo público ha venido acompañado de un crecimiento patrimonial que encuentra explicación en el control de la administración municipal. Armenta no sólo conoce ese historial, lo ha observado durante décadas. Por ello, la polémica por una obra de 4.5 millones de pesos en Villa Ávila Camacho no puede leerse como un hecho aislado.
La exigencia de auditorías sitúa al gobernador ante una disyuntiva. Dar marcha atrás convertiría el episodio en un gesto autoritario mal calculado, con costos institucionales y de credibilidad difíciles de revertir. Avanzar, en cambio, implica dejar constancia de que la memoria política no se archiva y de que las deslealtades construidas sobre el interés patrimonial, para Armenta, carecen de amnistía. En Xicotepec, el pasado no sólo regresó: exige cuentas.
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