El desmantelamiento de una célula ligada a un grupo criminal de Jalisco reveló ejecuciones, fosas clandestinas y una casa de seguridad donde cuerpos eran enterrados bajo cemento. El caso expone la expansión de organizaciones foráneas y la fragilidad del control territorial en Tlaxcala.
Tlaxcala — El operativo que culminó con la captura de seis sicarios originarios de Nayarit destapó una trama de violencia sistemática entre los municipios de Panotla y Tetlatlahuca, donde una célula criminal vinculada a un grupo delictivo de Jalisco operaba con métodos de exterminio propios de organizaciones de alcance nacional.
Tras las detenciones, las autoridades localizaron una casa de seguridad en la comunidad de Atenco, en Tetlatlahuca. En el patio del inmueble, peritos del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) exhumaron restos humanos: un torso sin cabeza ni extremidades, oculto deliberadamente bajo una capa de cemento, una técnica utilizada para retrasar o impedir su detección.
El cateo fue ejecutado alrededor de las 13:50 horas de este miércoles por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), en coordinación con la Guardia Nacional. El inmueble, ubicado en la Privada 16 de Septiembre, a un costado del río Zahuapan, funcionaba como centro logístico de la célula. En el lugar se aseguraron motocicletas, camionetas y uniformes tácticos con insignias de un grupo criminal, evidencia del carácter paramilitar de la operación.
La investigación se aceleró tras el hallazgo, horas antes, de tres cuerpos en una obra negra en Panotla, entre Tezoquipan y Techachalco. Dos de las víctimas fueron identificadas como Rolando Humberto N., alias “El Pescado”, señalado como líder criminal en Apizaco, y su medio hermano, quien fungía como escolta. Ambos habían sido privados de la libertad el 5 de enero en el municipio de Tetla.
El tercer cuerpo localizado en Panotla corresponde a un masculino aún no identificado, lo que abre nuevas líneas de investigación sobre la posible existencia de más víctimas y sitios de inhumación clandestina en la región.
De acuerdo con las declaraciones ministeriales, los propios detenidos —capturados en un operativo de alto impacto en Nanacamilpa— confesaron la ubicación de las fosas y de la casa de seguridad, así como la mecánica con la que eliminaban a integrantes de grupos rivales. Las revelaciones confirman que la violencia no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia de control territorial.
El caso deja al descubierto una realidad inquietante: la presencia consolidada de estructuras criminales foráneas operando en Tlaxcala con niveles de violencia que antes parecían ajenos a la entidad. Más allá de las detenciones, el hallazgo cuestiona la capacidad del Estado para detectar a tiempo estas células y evitar que municipios completos se conviertan en corredores de muerte.
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