La advertencia de Donald Trump no es un anuncio de intervención, es un diagnóstico político. Y la respuesta del gobierno mexicano revela la fragilidad de una soberanía que se proclama, pero no siempre se ejerce.
Asuntos de Estado
Tras la captura de Nicolás Maduro, Donald Trump volvió a colocar a México en el centro de una narrativa incómoda: la del narcotráfico como poder fáctico que disputa —y en regiones sustituye— la autoridad del Estado. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió hoy con una fórmula conocida: cooperación sí, intervención no; soberanía sí, responsabilidad compartida.
El problema no está en el discurso. Está en la distancia creciente entre la retórica soberanista y la realidad territorial.
Cuando Trump afirma que “los cárteles gobiernan México”, no describe una ocupación formal del Estado, sino una erosión prolongada de su capacidad coercitiva. No es una amenaza militar directa; es una presión política que parte de un hecho verificable: amplias zonas del país operan bajo control criminal, con economías paralelas, normas propias y una violencia que el Estado no logra contener de manera sostenida.
La respuesta de Sheinbaum insiste en la “responsabilidad compartida”: México combate el tráfico de drogas, Estados Unidos debe frenar el flujo de armas. El argumento es correcto, pero incompleto. La cooperación binacional no sustituye la obligación primaria del Estado mexicano de garantizar seguridad, legalidad y monopolio legítimo de la fuerza dentro de su territorio.
El riesgo para México no es una intervención estadounidense, sino la normalización del deterioro institucional. En ese contexto, la soberanía deja de ser un ejercicio efectivo de poder y se convierte en una consigna defensiva. Defender el petróleo, la energía o los recursos estratégicos es irrelevante si el Estado no puede garantizar seguridad jurídica, física y económica a sus ciudadanos.
El paralelismo con Venezuela no es accidental. Trump utiliza el caso Maduro como advertencia política, no como plan inmediato. La diferencia es que Venezuela cruzó hace años la línea que separa un Estado debilitado de un régimen criminalizado. México no está ahí, pero tampoco está inmunizado.
La insistencia presidencial en que no habrá cambio de política exterior refleja continuidad, pero también inmovilismo. El problema de fondo no es si Washington interviene, sino por qué el avance del crimen organizado ha sido tolerado, administrado o politizado durante años bajo gobiernos de distinto signo, y especialmente bajo el paradigma populista que debilitó instituciones, concentró poder y relativizó el Estado de derecho.
América Latina ha aprendido —a un costo enorme— que la soberanía no se defiende con discursos, sino con instituciones fuertes, economías funcionales y Estados capaces. Cuando eso falla, otros actores llenan el vacío: primero los criminales, después las potencias.
La advertencia de Trump no debería provocar indignación automática, sino una reflexión incómoda: ningún país pierde soberanía porque otro la cuestione; la pierde cuando deja de ejercerla plenamente dentro de sus propias fronteras.
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