Delcy Rodríguez asumirá este lunes 5 de enero la presidencia interina de Venezuela, tras una decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que ordenó su juramentación ante una Asamblea Nacional ampliamente cuestionada. La medida se produce luego de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos y abre una etapa de alta incertidumbre política e institucional.
La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez asumirá la presidencia interina de Venezuela luego de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) publicara, la noche del sábado, una ponencia conjunta que ordena su juramentación ante la Asamblea Nacional (AN). De acuerdo con el fallo, Rodríguez ejercerá el cargo con “todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes” a la Presidencia de la República.
El acto de juramentación se realizará en la sede del Parlamento, coincidiendo con el inicio de un nuevo período legislativo integrado por 285 diputados electos el pasado 25 de mayo. Entre ellos figuran Jorge Rodríguez, hermano de la vicepresidenta; el opositor Henrique Capriles Radonski; y Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, capturada junto al exmandatario durante la operación militar estadounidense ejecutada en Caracas el 3 de enero.
La nueva Asamblea Nacional llega marcada por una profunda crisis de legitimidad. Las elecciones legislativas de mayo se celebraron sin la participación del liderazgo opositor encabezado por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, quienes denunciaron un proceso irregular y sostienen que la abstención superó el 85%, muy por encima del 57,4% reportado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Estas denuncias se suman a las acusaciones de fraude tras las presidenciales del 28 de julio de 2024, cuyos resultados oficiales fueron desconocidos por amplios sectores nacionales e internacionales.
Según el TSJ, la designación de Rodríguez responde a una actuación “cautelar, urgente y preventiva” destinada a garantizar la continuidad administrativa del Estado, sin pronunciarse aún sobre si la ausencia presidencial debe considerarse temporal o absoluta. El tribunal subrayó que la decisión no sustituye las competencias de otros órganos del Estado para una calificación definitiva posterior.
Entre el discurso de lealtad y el poder efectivo
La resolución judicial contrasta con el discurso sostenido por la propia Rodríguez horas antes, cuando en cadena nacional reafirmó que “Nicolás Maduro es el único presidente de Venezuela” y calificó su captura como un “secuestro ilegal e ilegítimo”. Estas declaraciones, realizadas junto a Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, reflejan la tensión entre la narrativa de fidelidad al chavismo y la realidad institucional que ahora la coloca al frente del Ejecutivo.
La decisión del TSJ se produce tras la confirmación por parte de la Casa Blanca de la denominada “operación de extracción” de Maduro. Fuentes políticas indican que Washington habría considerado a Rodríguez como un canal inicial para eventuales contactos de transición, dada su experiencia internacional y su rol como operadora clave del régimen.
Perfil político y proyección internacional
Delcy Rodríguez, abogada de 56 años, es hija de Jorge Antonio Rodríguez, exguerrillero fallecido bajo custodia policial en 1976. Su trayectoria política se consolidó durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, ocupando cargos como ministra de Comunicación, canciller, ministra de Economía, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y, más recientemente, vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos.
En el ámbito internacional ha sido una de las principales representantes del chavismo, especialmente en las relaciones con China, Turquía e Irán. Su figura es conocida también en Europa, particularmente en España, tras el episodio del aeropuerto de Barajas en 2020, pese a estar sujeta a sanciones de la Unión Europea. Rodríguez también está sancionada por Estados Unidos desde 2018.
Ahora, su paso de leal defensora del proyecto bolivariano a presidenta interina en un contexto de colapso del poder de Maduro plantea un desafío político mayúsculo: sostener el control interno mientras se define si su gobierno será un puente hacia una transición negociada o la última maniobra de supervivencia del chavismo.


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