El Órgano de Administración Judicial justificó la compra de camionetas blindadas para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por incidentes de seguridad y ahorro presupuestal. Reportó inversión de 252 millones de pesos y ahorro estimado de mil 98 millones.

CDMX — El Órgano de Administración Judicial salió al paso de las críticas por la adquisición de camionetas de lujo blindadas destinadas a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al argumentar que la decisión respondió a riesgos reales de seguridad y a una obligación institucional de proteger a los integrantes del máximo tribunal del país.

En un comunicado difundido cerca de la medianoche, el organismo explicó que el parque vehicular heredado de la administración anterior del Poder Judicial de la Federación ya no ofrecía condiciones adecuadas de protección. Según el OAJ, se registraron diversos incidentes derivados del uso de unidades obsoletas, lo que hizo necesaria una renovación inmediata para evitar riesgos previsibles en el desempeño de funciones constitucionales de alta relevancia.

El órgano administrativo sostuvo que la medida no sólo respondió a criterios de seguridad, sino también a una estrategia de eficiencia presupuestal. Detalló que entre 2022 y 2025, la Suprema Corte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el entonces Consejo de la Judicatura Federal operaron bajo un esquema de arrendamiento de 445 vehículos, cuyo costo anual ascendía a 366.2 millones de pesos.

Frente a ese escenario, se optó por una inversión de 252 millones de pesos en el último trimestre de 2025 para adquirir 571 vehículos de distintos tipos, que cubrirán las necesidades de movilidad a partir de 2026. El OAJ afirmó que esta decisión permitirá un ahorro estimado de mil 98 millones de pesos entre 2026 y 2028, cifra equivalente al 68.8 por ciento del gasto que habría representado un solo año de arrendamiento bajo el modelo anterior.

El organismo añadió que 124 de las unidades adquiridas son híbridas o eléctricas, lo que reducirá alrededor de 30 por ciento el gasto en combustible y disminuirá el impacto ambiental. También anticipó una baja de al menos 70 por ciento en costos de mantenimiento y destacó que, al concluir su vida útil, los vehículos podrán venderse a valor de mercado, a diferencia del esquema previo que no generaba beneficios patrimoniales.

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