Una explosión vinculada a la sustracción ilegal de combustible ocurrió en Villagrán, Guanajuato. Autoridades confirmaron que el estallido se originó por un cortocircuito en una pipa conectada a un ducto de Pemex. No hubo fallecidos, pero se evacuó la zona y se atendió a vecinos afectados.
Villagran, Guanajuato. — Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró en el municipio de Villagrán tras una explosión que generó una columna de humo visible desde distintos puntos de la zona urbana y obligó a evacuar viviendas cercanas. El incidente ocurrió en un predio donde se realizaba la carga clandestina de combustible, en un contexto marcado por la persistencia del robo de hidrocarburos en la región.
En un primer momento, versiones preliminares apuntaron a la detonación de un ducto de Petróleos Mexicanos, presuntamente derivada de una toma clandestina. Sin embargo, autoridades estatales y municipales precisaron posteriormente que la causa directa fue un cortocircuito en la pipa donde se almacenaba el combustible sustraído ilegalmente, lo que provocó el incendio de gran magnitud.
El fuego se extendió rápidamente dentro del predio, destruyendo por completo la unidad y afectando viviendas cercanas. Lenguas de fuego alcanzaron hasta 40 metros de altura, lo que elevó el riesgo para la población. Como medida preventiva, autoridades evacuaron a los habitantes de la zona y habilitaron un albergue temporal. Al menos ocho personas fueron atendidas por crisis nerviosa, sin que se reportaran lesionados graves.
Elementos de Protección Civil del Estado de Guanajuato y del municipio de Villagrán trabajaron de manera coordinada para controlar el siniestro, labor que se prolongó por casi dos horas y media. Una vez sofocado el incendio, confirmaron que ya no existía riesgo de una nueva explosión y que la situación estaba bajo control.
Personal técnico de Pemex asumió el resguardo y reparación del ducto dañado, mientras se mantiene vigilancia preventiva en la zona. El hecho reaviva la preocupación por el impacto del huachicol en comunidades del Bajío, donde estas prácticas ilegales continúan representando un riesgo directo para la seguridad de la población.
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