Un video de Adriana Marín, encargada de comunicación digital de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, desató polémica tras afirmar que el narcotráfico es uno de los principales empleadores del país. La dirigencia partidista no ha fijado postura oficial.

CDMX — Una declaración que trivializa la violencia criminal y diluye la responsabilidad del Estado detonó una fuerte reacción pública en redes sociales. En un video difundido en las últimas horas, Adriana Marín, funcionaria del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, describió al narcotráfico como uno de los principales empleadores del país, en un discurso que equipara economías criminales con dinámicas laborales formales.

El material corresponde al programa Razonados, del Diario La Razón, donde Marín participó junto a dos panelistas jóvenes. En la conversación, al abordar el llamado “pacto con el narco”, sostuvo que el crimen organizado recluta entre 160 mil y 185 mil personas y que, para sostener su estructura, requiere incorporar alrededor de 350 personas adicionales por semana para sustituir a quienes son detenidos o asesinados. La afirmación fue presentada como un dato estructural, sin un señalamiento explícito sobre la ilegalidad y violencia inherentes a esa actividad.

Cuando uno de los conductores la confrontó sobre si ello implicaba permitir la continuidad del crimen ante la incapacidad gubernamental de generar empleo, Marín rechazó la interpretación, pero insistió en que el narcotráfico “también genera empleo”, incluso más que sectores privados y el propio Estado. El argumento desplazó el eje del debate desde la persecución del delito hacia una narrativa de contención social que omite deliberadamente a las víctimas.

La funcionaria, quien en sus propias redes sociales se identifica como responsable de “armar comunicación digital” desde el grupo parlamentario de Morena en la III Legislatura local, sostuvo que muchas personas son atraídas por promesas de dinero y fama y cuestionó qué hacer con quienes carecen de expectativas. El planteamiento, lejos de ofrecer una política pública concreta, reduce el fenómeno criminal a una consecuencia inevitable de la precariedad, normalizando su existencia como parte del mercado laboral.

Hasta el momento, Morena no ha emitido una postura oficial ni ha aclarado si las declaraciones representan una visión institucional o una opinión individual. El silencio partidista ocurre mientras una funcionaria vinculada a su estrategia de comunicación presenta al crimen organizado como un actor económico, en un país marcado por más de 30 mil homicidios anuales y miles de víctimas directas e indirectas de la violencia criminal.

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