La vinculación de líneas celulares en México busca frenar la extorsión. José Antonio Peña Merino y Claudia Sheinbaum aclararon que los datos personales quedan en manos de las empresas telefónicas y sólo pueden ser solicitados por autoridades en investigaciones formales
CDMX — La implementación del registro obligatorio de líneas telefónicas abrió un debate público sobre la protección de datos personales y el alcance de la intervención gubernamental. A pocos días de que inició el trámite, autoridades federales salieron a precisar quién resguarda la información y bajo qué circunstancias puede ser consultada.
El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, explicó que la vinculación de los datos personales a los números de telefonía móvil, vigente desde el 9 de enero, tiene como objetivo principal combatir delitos como la extorsión. Aclaró que el proceso es realizado directamente por las empresas que prestan servicios de telefonía e internet móvil, no por el gobierno federal.
El funcionario detalló que las líneas adquiridas con anterioridad a esa fecha deben ser asociadas a una persona física para continuar operando, mientras que los chips nuevos no pueden activarse hasta completar el registro. Subrayó que no se recaban datos biométricos y que las compañías están obligadas a cumplir con la Ley Federal de Protección de Datos Personales, manteniendo bajo su resguardo información como nombre, CURP y número telefónico.
Sobre el acceso a esa información, Peña Merino afirmó que el gobierno no cuenta con bases de datos centralizadas y que únicamente, en caso de la comisión de un delito, las autoridades de investigación pueden solicitar datos específicos a las empresas, conforme a los procedimientos legales vigentes.
La presidenta Claudia Sheinbaum reforzó esta postura al señalar que el registro no implica vigilancia a la población. Indicó que, ante denuncias por fraude o extorsión, las áreas de seguridad pueden requerir a las telefónicas la identidad asociada a un número, lo que permite rastrear llamadas delictivas en un país con más de 158 millones de líneas celulares activas.
Hasta el último corte informado, se habían registrado más de 2.1 millones de líneas. El esquema contempla límites para personas físicas y excepciones para empresas, en un esfuerzo por fortalecer la seguridad sin concentrar datos personales en manos del Estado.
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