Editorial
Mientras Puebla se desindustrializa y su economía se estanca, el gobernador reorganiza el gabinete como quien cambia de forma cualquier objeto para seguir siendo lo mismo: la apariencia cambia, la estructura fundamental permanece intacta.
En topología existe un concepto llamado homeomorfismo: dos objetos son homeomorfos cuando uno puede transformarse en el otro mediante deformaciones continuas sin alterar su estructura esencial. Así, una taza de café puede convertirse en una dona porque —teóricamente— ambas tienen un agujero; la forma cambia, pero la topología permanece invariante. El gobierno de Alejandro Armenta funciona bajo este principio: cambios constantes que preservan una estructura de poder inmutable y centralizada.
En menos de seis meses desde su toma de protesta, cuatro secretarías han experimentado modificaciones significativas en sus estructuras de mando, afectando a secretarias, subsecretarios, directores generales y personal de confianza. Lo que el gobernador califica como movimientos 'naturales' o resultado de que a algunos funcionarios 'se les acabó el amor a Puebla', revela un patrón más complejo: la construcción sistemática de un gobierno unipersonal disfrazado de equipo plural, donde cada cambio elimina contrapesos externos, probable fuga de información y concentra más poder en la figura del gobernador.
Desde su inicio, el gobierno de Armenta construyó una cúpula que aparentaba pluralidad y equilibrio de fuerzas. En las secretarías y subsecretarías se ubicaron tres grupos: gente de confianza del propio Armenta, recomendados y cuotas de Morena.
Sin embargo, esta diversidad era cosmética. Armenta instaló un freno de mano invisible pero efectivo:
Todos los coordinadores generales administrativos de las secretarías fueron nombrados directamente por él, asegurándose así el control presupuestal absoluto.
No importa quién sea el secretario o subsecretario: el dinero fluye a través de operadores leales al gobernador. Esta arquitectura convierte a los titulares de las dependencias en figuras decorativas con visibilidad pública pero escaso margen de maniobra. Las decisiones estratégicas —contrataciones, licitaciones, asignaciones presupuestales— pasan por el filtro del gobernador directamente vía sus coordinadores administrativos.
El caso más emblemático de este mecanismo de control se dio en la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, el corazón financiero del gobierno estatal. Durante la transición, Ricardo Aguilar ocupaba la Subsecretaría de Egresos. Sin embargo, fue sustituido por Víctor Hugo Domínguez Amado, un funcionario defenestrado por supuestos problemas de salud pero quien le siguió por décadas a Armenta. Domínguez Amado duró poco: su lugar lo ocupa ahora Daniela Stephanie Pérez Calderón, quien en poco tiempo podría convertirse en la próxima secretaria de Planeación, Finanzas y Administración.
Este carrusel de funcionarios en el área financiera no es casual: cada movimiento consolida el control del gobernador sobre el flujo de recursos públicos, eliminando cualquier posibilidad de autonomía técnica o desarrollo institucional.
Cuatro secretarías reestructuradas: el patrón de la centralización
Los cambios más recientes afectan a cuatro secretarías. En cada caso, el patrón es similar: salida de funcionarios con vínculos externos y llegada de perfiles "leales" al gobernador pero con credenciales académicas y profesionales cuestionables.
| Secretaría | Salieron | Entraron |
|---|---|---|
| Gobernación | Mario Alberto Rincón González, Francisco Ramos Montaño | Isauro Rendón Vargas, Pablo Salazar Vicentello |
| Medio Ambiente | Rebeca Bañuelos Guadarrama | Mayra Lizeth Orellana Caballero |
| Salud | Carlos Olivier | Joaquín Espidio Camarillo |
| Infraestructura | Jesús Aquino Limón, José Miguel Vélez Moreno, Mario Ernesto Galeana Alonso | Abraham Martínez Hurtado, Omar Salgado Ortega, Miguel Arias Martínez |
| Educación | Antonio Medina Ramírez, Gonzalo Amador Juárez Uribe | José Enrique Martínez Peláez, (pendiente) |
Antes, en la Secretaría de Turismo se registró el nombramiento de Carla López-Malo Villalón a mediados del primer año de gobierno, continuando el patrón de rotación constante. A finales de año, en el caso de la Dirección General de Comunicación Social, la remoción de José Tomé Cabrera fue un acto de simulación.
Educación y la "reestructuración"
El pasado viernes, la Secretaría de Educación Pública (SEP) se sumó a la lista de dependencias reestructuradas. Antonio Medina Ramírez, subsecretario de Educación Obligatoria, y Gonzalo Amador Juárez Uribe, subsecretario de Educación Superior, salieron de sus cargos sin que se hayan ofrecido explicaciones oficiales sobre los motivos.
El relevo de Medina Ramírez recayó en José Enrique Martínez Peláez, quien hasta antes del nombramiento se desempeñaba como director general de Educación Básica Segundo Nivel. Fuentes al interior de la dependencia, confirmaron el cambio. Hasta el cierre de esta edición, no se había anunciado quién ocupará el lugar de Juárez Uribe.
Francisco Ramos Montaño: 'salida lateral'
El caso de Francisco Ramos Montaño, marinista de cepa y cercano a los hijos del ex gobernador y de Alejandro Armenta, ilustra perfectamente el mecanismo de las 'salidas laterales': funcionarios que salen de secretarías son recolocados en organismos descentralizados de menor perfil, pero de importancia estratégica.
Ramos Montaño formó parte del equipo de transición de Armenta desde julio de 2024. Al arrancar la administración fue nombrado subsecretario de Prevención del Delito y Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, un cargo importante en materia de seguridad pública.
En enero de 2025, apenas un día después de la comparecencia del secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, ante el Congreso del Estado, Ramos Montaño fue removido. Su lugar lo ocupó Pablo Salazar Vicentelo. No se trató de una salida del gobierno: Ramos fue 'reubicado' en el Banco Estatal de Tierra, un organismo descentralizado de aparente menor relevancia pública y política pero de importancia patrimonial fudamental.
La práctica es recurrente: sacar a funcionarios de posiciones sin escándalo: a los "externos" gracias, a los de "confianza" recolocarlos en lugares discretamente importantes.
Mayra Orellana: en Medio Ambiente
Si los casos anteriores muestran la mecánica del control político y presupuestal, el nombramiento de Mayra Lizeth Orellana Caballero como titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) revela otro problema estructural: la mediocridad técnica y las fallas en los mecanismos de control de credenciales.
Orellana Caballero sustituyó a Rebeca Bañuelos Guadarrama, quien fue movida a la dirección general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEASPUE). Bañuelos es ingeniera química con maestría en Ciencias en Medio Ambiente y Energía por la Universidad Técnica de Berlín; Orellana, en cambio, presenta un perfil académico y profesional plagado de irregularidades.
Según información obtenida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), desde 2021 Orellana Caballero fue contratada como personal de confianza con el cargo de profesora de tiempo completo asociada C en la Universidad Tecnológica de Tehuacán, adscrita al área de Agricultura Sustentable y Protegida. Por este puesto percibía un ingreso mensual neto superior a los 22 mil pesos.
El problema: según su perfil, Orellana Caballero comenzó sus estudios universitarios precisamente en 2021, el mismo año en que fue contratada como profesora de tiempo completo.
El Registro Nacional de Profesionistas (RNP) confirma la discrepancia: Mayra Lizeth Orellana Caballero obtuvo el grado de licenciada en Ingeniería en Biotecnología hasta mayo de 2025, es decir, apenas ocho meses antes de su nombramiento como secretaria y cuatro años después de haber comenzado a ejercer como docente universitaria de tiempo completo incumpliendo la norma del cargo y el nivel.
Las preguntas son evidentes: ¿cómo fue posible esta contratación? ¿Qué mecanismos de control fallaron? ¿Por qué no se detectó la irregularidad? ¿Es esta la mejor candidata para encabezar una secretaría estratégica?
Infraestructura: servicio público o "iniciativa privada"
La Secretaría de Infraestructura experimentó una de las reestructuraciones más profundas. El titular, José Manuel Contreras de los Santos, colocó a su equipo de confianza en posiciones importantes, siguiendo el patrón de consolidación observado en Gobernación con Samuel Aguilar Pala.
Salieron Jesús Aquino Limón (subsecretario de Ejecución de Obras), José Miguel Vélez Moreno (subsecretario de Gestión, Ingeniería y Seguimiento de Proyectos) y Mario Ernesto Galeana Alonso (director de Ingeniería de Proyectos de Infraestructura). En su lugar llegaron Abraham Martínez Hurtado, Omar Salgado Ortega y Miguel Arias Martínez.
Según fuentes cercanas a la secretaría, los tres nuevos funcionarios provienen de la iniciativa privada y son personas de confianza del titular Contreras de los Santos.
Pedro Zayas Báez: el concuño en la Auditoría Superior
Si los casos anteriores muestran mediocridad técnica y lealtades políticas, el nombramiento de Pedro Zayas Báez revela nepotismo directo en un organismo fiscalizador.
Zayas Báez llegó como auditor especial de Cumplimiento Financiero en la Auditoría Superior del Estado (ASE) tras el arribo de Germán Reyna y Herrero a la titularidad. Anteriormente se desempeñaba como subsecretario de Control y Auditoría en la Secretaría Anticorrupción.
El detalle que compromete la independencia del órgano fiscalizador:
Pedro Zayas Báez está casado con Sol Arellano Pérez, hermana de Cecilia Arellano Pérez, esposa del gobernador Alejandro Armenta.
El nombramiento de un concuño del gobernador en el organismo encargado de fiscalizar las finanzas del gobierno estatal destruye cualquier apariencia de independencia institucional. Hasta el momento, ni el gobierno estatal ni la ASE han emitido posicionamiento al respecto.
Mientras tanto, Puebla se rezaga
Mientras el gobernador reorganiza su gabinete, los indicadores económicos y sociales del estado muestran un panorama preocupante que contrasta radicalmente con el discurso oficial.
Armenta presume ahorros récord, obras de pavimentación sin precedentes y programas comunitarios exitosos. Sin embargo, no ha dado a conocer estados financieros que validen los supuestos ahorros. La opacidad presupuestal que caracteriza a su administración —reforzada por el control férreo sobre los coordinadores administrativos— impide verificar las cifras que se difunden en medios oficiales.
Pero la realidad medida por indicadores objetivos es menos halagüeña:
• Desindustrialización acelerada: Puebla enfrenta el cierre de plantas manufactureras y la salida de inversión productiva, fenómeno que contrasta con el crecimiento de estados vecinos como Querétaro y Guanajuato.
• PIB estancado: el Producto Interno Bruto estatal muestra un crecimiento marginal o nulo, muy por debajo de la media nacional.
• Avance de la informalidad: el empleo informal crece mientras el empleo formal se estanca, generando una economía cada vez más precaria.
• Caída del empleo eventual: los trabajadores eventuales, indicador sensible de la dinámica económica, muestran una disminución sostenida.
• Inseguridad persistente: los problemas de crimen organizado y violencia continúan sin mejoras significativas. Las cifras oficiales que presumen avances espectaculares no se validan con la percepción ciudadana ni con los reportes de incidencia delictiva.
• Turismo sin verificación: el gobierno presume récords en actividad turística, pero las cifras no son verificables y contrastan con los reportes de ocupación hotelera y afluencia en destinos en el sector terciario de la economía.
En síntesis: mientras el gobernador reordena sillas en el gabinete, Puebla pierde competitividad, se desindustrializa y se rezaga frente a otras entidades. Los cambios de personal son irrelevantes para revertir estas tendencias porque no modifican la estructura de toma de decisiones ni los criterios de gestión pública.
El gobierno de Alejandro Armenta funciona como un homeomorfismo político: transformaciones constantes que preservan invariantes estructurales. La forma cambia —nuevos secretarios, subsecretarios, directores—, pero la topología del poder permanece idéntica: control centralizado, opacidad presupuestal, mediocridad técnica, nepotismo.
Los cambios ya no son gatopardismo clásico ('cambiar para que todo siga igual'), sino algo más profundo: son irrelevantes. No importa quién ocupe las posiciones porque el modelo de gobierno está diseñado para que el gobernador sea todo: la política, la comunicación, la administración y el control presupuestal.
Los perfiles que llegan al gabinete son mayoritariamente mediocres, avalados únicamente por la decisión unilateral del gobernador. No hay contrapesos institucionales, no hay autonomía técnica, no hay rendición de cuentas verificable. No es una anomalía: es el símbolo de un sistema que prioriza la lealtad política sobre la competencia técnica.
El tiempo dirá si este modelo de centralización extrema y opacidad presupuestal puede sostener un proyecto de desarrollo de largo plazo, o si el gobierno de Armenta será recordado como el periodo en que Puebla perdió competitividad mientras su gobernador reorganizaba obsesivamente un gabinete que, como en un homeomorfismo matemático, cambiaba constantemente de forma sin modificar nunca su estructura esencial, sentado en una montaña de dinero público que va a alcanzar los 800 mil millones de pesos en seis años de gobierno.