Las declaraciones de Adriana Marín, encargada de Comunicación Digital del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, obligaron al partido y a su bancada capitalina a emitir deslindes públicos, luego de que señalara que el narcotráfico es uno de los “principales empleadores a nivel nacional”.
CDMX — La polémica se originó a partir de un debate juvenil transmitido en noviembre pasado en el programa Razonados, del diario La Razón de México, cuyos fragmentos comenzaron a circular en redes sociales en días recientes. En el intercambio, Marín sostuvo que combatir al narcotráfico es complejo porque, según su dicho, esta actividad ilícita recluta a cientos de miles de personas y cubre un vacío que el Estado y la iniciativa privada no han logrado atender.
El señalamiento detonó críticas inmediatas, al ser interpretado como una normalización del crimen organizado y, en los hechos, como una admisión de los límites del Estado para enfrentar a las organizaciones criminales. La controversia creció debido al cargo que ocupa Marín dentro de la estructura legislativa de Morena en la capital.
El deslinde: a título personal, pero sin sanciones
Ante la presión pública, el grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México emitió una nota aclaratoria en la que se deslindó de las expresiones de su colaboradora y precisó que su participación en el programa fue a título personal y no representa la postura del grupo ni de sus integrantes.
Sin embargo, el pronunciamiento evitó cuestionar de fondo el contenido de las declaraciones y se concentró en denunciar que, tras la difusión del video, Adriana Marín ha sido objeto de ataques y campañas de linchamiento mediático, lo que desplazó el foco del debate desde el mensaje emitido hacia la reacción social que generó.
El argumento que abrió la controversia
Durante el debate, Marín afirmó que el narcotráfico es uno de los principales empleadores del país, con un reclutamiento estimado de entre 160 mil y 185 mil personas, y que semanalmente se requieren más integrantes para sustituir a quienes son detenidos o asesinados.
Cuando otro participante le cuestionó si su razonamiento implicaba aceptar la continuidad del crimen organizado ante la incapacidad del gobierno para generar empleos, Marín negó esa interpretación, pero insistió en que el fenómeno no puede entenderse sin atender las condiciones sociales y económicas que lo alimentan.
Para críticos, ese enfoque trasladó la discusión del terreno de la legalidad y la responsabilidad del Estado hacia una narrativa que presenta al narcotráfico como un actor que “resuelve” carencias estructurales, una lectura que consideran riesgosa en un país marcado por la violencia criminal.
Morena nacional refuerza discurso de “atender las causas”
De manera paralela, Morena a nivel nacional difundió un comunicado en el que reiteró que el crimen organizado debe combatirse quitándole su base de reclutamiento mediante políticas sociales, al tiempo que responsabilizó a gobiernos anteriores por haber permitido el crecimiento de estas organizaciones.
No obstante, ni el partido ni la bancada capitalina han informado si Adriana Marín enfrentará alguna consecuencia administrativa o política por sus declaraciones, lo que ha reforzado la percepción de que el deslinde fue más reactivo que autocrítico.
El episodio dejó en evidencia una tensión central dentro del discurso oficial: mientras se afirma que el narcotráfico es un fenómeno criminal que debe enfrentarse con la ley, desde posiciones vinculadas al poder se emiten mensajes que lo describen como un “empleador”, obligando al propio partido a marcar distancia para contener el costo político.
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