El senador Gerardo Fernández Noroña calificó como una “comedia de errores” la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de devolver o reasignar nueve camionetas blindadas, adquiridas por 25.6 millones de pesos, tras la presión pública y política.

CDMX — La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de no utilizar y devolver o reasignar nueve camionetas blindadas desató críticas internas desde el oficialismo. El senador morenista Gerardo Fernández Noroña cuestionó abiertamente la determinación del máximo tribunal y la calificó como una muestra de improvisación derivada de la presión pública.

Durante una transmisión en vivo en redes sociales, el expresidente de la Mesa Directiva del Senado afirmó que la Corte incurrió en una “comedia de errores” al adquirir los vehículos y posteriormente dar marcha atrás. A su juicio, la decisión representa “una torpeza inconmensurable”, ya que el órgano judicial debió definir desde el inicio si la compra era necesaria, en lugar de retroceder tras las críticas.

Fernández Noroña sostuvo que el uso de vehículos blindados por parte de ministras y ministros no constituye un privilegio, sino una medida de seguridad acorde con la naturaleza de los asuntos que resuelven. Recordó que integrantes de administraciones anteriores contaban con esquemas similares y comparó estas medidas con las que se consideran indispensables para otros funcionarios federales de alto nivel.

El senador también advirtió que la devolución de las unidades implicaría una pérdida económica para el Poder Judicial. Señaló que un vehículo se deprecia de inmediato al salir de la agencia y estimó que la Corte podría perder al menos 20% del monto invertido, lo que, dijo, contradice el argumento de eficiencia en el uso de recursos públicos.

Las declaraciones se produjeron después de que la SCJN informara que no utilizará las camionetas y que iniciará el proceso para devolverlas o reasignarlas a personas juzgadoras que enfrenten mayores riesgos, conforme a la normatividad vigente. El tribunal reiteró su compromiso con el uso responsable de los recursos y anunció que ofrecerá una conferencia de prensa para aclarar la situación.

La polémica surgió tras revelarse que las ministras y ministros, electos por voto popular en junio pasado, estrenaron camionetas Jeep Grand Cherokee blindadas. El Órgano de Administración Judicial indicó que la adquisición, que sustituyó un esquema de arrendamiento, tendría un costo total de 25 millones 650 mil pesos y, según su estimación, generaría ahorros por más de mil millones de pesos en los próximos tres años, aunque el contrato aún no ha sido transparentado.

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