Diputados del PAN presentaron denuncias penales y administrativas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre en México, que dejó 14 personas muertas y más de 100 heridas. Las acciones buscan deslindar responsabilidades de altos mandos y revisar contratos e infraestructura.
CDMX — El descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre abrió un frente político y legal en el Congreso, donde la bancada del Partido Acción Nacional formalizó una serie de denuncias para exigir responsabilidades por una tragedia que dejó 14 personas fallecidas y más de un centenar de lesionadas. Los legisladores sostienen que el caso trasciende un accidente operativo y revela fallas graves en la gestión de recursos públicos y en la supervisión de infraestructura estratégica.
Las denuncias fueron anunciadas por la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, y el coordinador parlamentario Elías Lixa. Los recursos legales fueron presentados ante la Fiscalía General de la República, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Entre los señalados se encuentran el exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, su sucesor Raymundo Pedro Morales y Gonzalo López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
López Rabadán sostuvo que el accidente es evidencia de que la negligencia institucional tiene consecuencias mortales y subrayó que la reparación del daño no puede limitarse a indemnizaciones. Afirmó que el Estado debe garantizar justicia a las víctimas y realizar una revisión exhaustiva de la infraestructura ferroviaria nacional para evitar nuevos hechos de esta naturaleza.
Por su parte, Elías Lixa enfatizó que se trata de una tragedia humana y no de un expediente administrativo. Anunció que el PAN impulsará la creación de una comisión especial en la Cámara de Diputados para dar seguimiento al esclarecimiento de los hechos y vigilar las investigaciones. Señaló que la mala administración de recursos deriva en obras inseguras y pone en riesgo a la población.
El diputado Héctor Saúl Téllez añadió que la estrategia legal incluye sanciones contra servidores públicos y proveedores beneficiados en la administración pasada, mientras que Federico Döring indicó que la denuncia ante la FGR busca que los involucrados comparezcan por posibles delitos como homicidio culposo. A esta exigencia se sumó Diana Gutiérrez Valtierra, quien pidió a la ASF aclarar observaciones previas y transparentar el uso de recursos públicos.
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