El gobernador Alejandro Armenta confirmó que su gobierno evalúa adquirir el 75% de las acciones de Agua de Puebla para terminar con la privatización del servicio. En Puebla, dijo, el agua es un derecho humano y el análisis avanza con apego a procesos legales.
Puebla de Zaragoza, Puebla. — El gobierno de Puebla abrió la puerta a una posible reconfiguración del modelo de abastecimiento en la capital del estado. La administración estatal analiza la adquisición mayoritaria de la empresa concesionaria Agua de Puebla, con el objetivo de recuperar el control público del servicio.
El gobernador Alejandro Armenta aseguró que su gobierno estudia la compra del 75 por ciento de las acciones de la empresa, lo que permitiría revertir el esquema de privatización vigente. Durante su conferencia matutina, el mandatario adelantó que el tema se encuentra en revisión y que, una vez concluido el análisis, se dará a conocer una decisión que, dijo, “será una sorpresa para Puebla”.
Armenta subrayó que el eje central de la discusión es garantizar el acceso al agua como un derecho humano y no como un negocio. Recordó que, de acuerdo con la postura del gobierno federal, el agua no debe tratarse como mercancía, y señaló que las privatizaciones impulsadas en administraciones pasadas incluyeron no solo el servicio hídrico, sino también el transporte, la recolección de basura y el alumbrado público.
De acuerdo con el gobernador, esos procesos se realizaron bajo contratos que otorgaron ventajas desproporcionadas a particulares y dejaron al estado con limitadas posibilidades de renegociación. Explicó que, en varios casos, cualquier intento de modificar los convenios implica sanciones económicas que terminan afectando a las finanzas públicas, lo que calificó como una falta grave al interés colectivo.
En ese contexto, Armenta vinculó el análisis de la concesión del agua con otras investigaciones en curso, como la relacionada con la deuda del Museo Internacional del Barroco. Afirmó que la fiscalía mantiene abiertas las indagatorias correspondientes y recalcó que su gobierno no actúa con omisión ni complicidad, sino con apego a la ley. La posible recompra de acciones de Agua de Puebla se perfila así como una decisión estratégica que marcaría un cambio en la política hídrica del estado.
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