El gobierno de Puebla fijó en 700 pesos el control vehicular para 2026 y condicionó la exención de la tenencia a no tener adeudos previos. La medida, anunciada por Josefina Morales, refuerza la presión recaudatoria sobre automovilistas cumplidos y rezagados.
Puebla de Zaragoza, Pue. — El anuncio del nuevo cobro de control vehicular en Puebla no llegó acompañado de alivios fiscales ni de una narrativa de apoyo ciudadano, sino de una advertencia clara: quien no esté al corriente en todos sus pagos perderá cualquier posibilidad de exención. En un contexto de presión económica persistente, la política fiscal estatal vuelve a cargar sobre los propietarios de vehículos una responsabilidad que va más allá del simple trámite administrativo.
La secretaria de Planeación y Finanzas, Josefina Morales, confirmó que en la Ley de Ingresos 2026 quedó establecido un pago único de 700 pesos por concepto de control vehicular. Sin embargo, el beneficio de no cubrir la tenencia solo aplicará a quienes no presenten adeudos por foto infracciones, control vehicular o tenencias de ejercicios anteriores, una condición que deja fuera a miles de contribuyentes con rezagos acumulados.
El mensaje oficial plantea que quienes cumplan puntualmente entre enero y marzo únicamente cubrirán el control vehicular del próximo año y accederán al beneficio de no pagar tenencia. En los hechos, esta disposición convierte la exención en un incentivo limitado, condicionado y selectivo, que premia la regularidad fiscal pero castiga sin matices a quienes arrastran deudas, muchas veces generadas por esquemas de cobro opacos o sanciones controvertidas.
La medida también exhibe una lógica recaudatoria que prioriza el saneamiento de cuentas estatales por encima de una política integral de movilidad o justicia fiscal. Al vincular foto infracciones y adeudos previos con la exención de la tenencia, el gobierno estatal consolida un mecanismo de presión administrativa que poco dialoga con la capacidad real de pago de los ciudadanos.
En paralelo, Morales informó que el nuevo edificio de Finanzas ya se encuentra equipado y que la mudanza se realizará en breve. Aunque el anuncio se presenta como un avance administrativo, contrasta con la falta de explicaciones sobre el destino de los recursos recaudados y los beneficios tangibles para los contribuyentes, más allá de una infraestructura burocrática renovada.
Así, el control vehicular de 700 pesos y las condiciones para exentar la tenencia configuran un escenario en el que el cumplimiento fiscal se convierte en requisito excluyente, mientras el debate sobre equidad, eficiencia recaudatoria y uso del gasto público transprarente permanece ausente. Puebla entra a 2026 con una política que exige más al ciudadano, sin ofrecer garantías proporcionales de retorno social.
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