La reforma electoral impulsada por el Gobierno federal en México propone reducir representación proporcional y financiamiento público, cambios que especialistas advierten favorecerían la hegemonía de Morena. El rediseño electoral amenaza el pluralismo y abre la puerta a la concentración permanente del poder.
CDMX — La reforma electoral que se cocina desde el Gobierno federal no es un ajuste técnico ni una corrección administrativa. Es una reingeniería política que apunta a un objetivo mayor: consolidar y prolongar el control de Morena sobre el sistema político mexicano. Bajo el discurso de austeridad y eficiencia, la iniciativa plantea cambios que erosionan los contrapesos construidos tras décadas de hegemonía partidista.
El núcleo de la propuesta es la eliminación de 100 diputados y 32 senadores de representación proporcional. Actualmente existen 200 diputados plurinominales, de los cuales el 62% pertenece a partidos distintos a Morena. En el Senado, el 63% de los legisladores de esta modalidad tampoco forma parte del partido oficial. Suprimir estos espacios no reduce el costo de la democracia: reduce la voz de la oposición y de las minorías políticas.
El efecto es previsible. Morena ya domina la mayoría de los distritos de mayoría relativa. Al debilitar la representación proporcional, el partido oficial ampliaría su control legislativo sin necesidad de obtener una mayoría social equivalente. El sistema dejaría de corregir la sobrerrepresentación y pasaría a amplificarla, transformando una ventaja electoral en un dominio institucional sostenido.
La iniciativa se complementa con la intención de adelantar la revocación de mandato a 2027, año en el que se renovará el Congreso federal y 17 gubernaturas. La presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en la boleta, de manera simultánea a las elecciones intermedias, introduciría un efecto de arrastre que fortalecería a los candidatos morenistas y diluiría la competencia real entre proyectos políticos.
Organizaciones nacionales e internacionales especializadas en derecho electoral, como la Universidad de Nueva York, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, el Laboratorio Electoral y la Fundación Konrad Adenauer México, han advertido que el modelo actual fue diseñado precisamente para evitar este escenario. El esquema mixto de representación y la primacía del financiamiento público buscan impedir que una sola fuerza convierta una mayoría simple en un control absoluto del poder.
Desde el ámbito legislativo, la diputada Kenia López Rabadán alertó sobre el riesgo de someter al INE a presiones políticas, debilitando al árbitro electoral. Sin una autoridad autónoma y sin un Congreso plural, las elecciones dejan de ser un mecanismo de alternancia para convertirse en un ritual de ratificación.
Con 335 votos necesarios para modificar la Constitución y una iniciativa anunciada para presentarse en tres semanas, el debate no es menor. La reforma electoral ya no discute cómo mejorar la democracia, sino si México está dispuesto a desmontar los diques que impiden que un solo partido se perpetúe en el poder.
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