Tras cuestionamientos públicos por la adquisición de vehículos blindados y su justificación como medida de ahorro, la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que ministras y ministros decidieron no utilizarlos y evaluar su devolución o reasignación.
CDMX — La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció este domingo que las ministras y ministros del máximo tribunal decidieron no hacer uso de los vehículos blindados recientemente adquiridos, luego de las críticas generadas por su costo y por el argumento institucional de presunto ahorro presupuestal.
En un mensaje oficial difundido por la Corte, se informó que además de renunciar a su uso, los integrantes del Pleno solicitarán que se inicie el procedimiento correspondiente para la devolución de las unidades o, en su caso, su puesta a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos en el ejercicio de sus funciones, siempre bajo los lineamientos de la normatividad aplicable.
“Con relación a los vehículos adquiridos, ministras y ministros de esta SCJN informan su decisión de no utilizarlos; asimismo, solicitarán que se inicie el proceso correspondiente para su devolución o, en su caso, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos”, señaló el comunicado oficial.
La Corte reiteró que esta determinación responde a su compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos públicos, en un contexto de creciente escrutinio social sobre el gasto gubernamental y las condiciones materiales de los altos funcionarios del Estado. Asimismo, aseguró que mantiene un trabajo permanente orientado a fortalecer una “justicia real y verdadera”.
De acuerdo con información administrativa del propio tribunal, las camionetas blindadas adquiridas para los nueve ministros tuvieron un costo total de 25 millones 650 mil pesos. Esto implica un precio promedio de aproximadamente 2 millones 850 mil pesos por unidad, incluyendo el impuesto al valor agregado, cifra que detonó críticas en redes sociales y en diversos sectores políticos.
La polémica se intensificó luego de que se argumentara que la adquisición generaría ahorros frente a esquemas anteriores de arrendamiento, explicación que no logró disipar el malestar público ni las dudas sobre la congruencia del gasto con el discurso de austeridad que ha permeado en el ámbito institucional.
La SCJN informó que el próximo 26 de enero ofrecerá una conferencia de prensa para ampliar y precisar la información relacionada con la compra de los vehículos, el proceso administrativo que seguirá su eventual devolución o reasignación y los criterios de seguridad que se aplicarán para proteger a juzgadores en situaciones de mayor riesgo.
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