La Suprema Corte de Justicia de la Nación inició la renovación de su parque vehicular con nueve Jeep Cherokee nuevas para ministros. El proceso se justificó por razones de seguridad institucional y reemplazo de unidades 2019 y 2020.
CDMX — La Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzó la renovación de su parque vehicular con la asignación de nueve camionetas nuevas destinadas a las y los ministros del máximo tribunal, una decisión que abrió un debate público sobre el uso de recursos y los criterios de seguridad en el Poder Judicial.
Las unidades adquiridas corresponden al modelo Jeep Cherokee, cuyo costo en el mercado oscila entre un millón 70 mil y un millón 777 mil pesos por vehículo, sin considerar adecuaciones adicionales como el blindaje. La adquisición fue confirmada mediante una tarjeta informativa difundida por la propia Corte.
De acuerdo con el alto tribunal, la decisión se tomó luego de que las camionetas previamente asignadas, modelos 2019 y 2020, dejaran de cumplir con los estándares mínimos de seguridad requeridos para la protección de los integrantes del pleno. La institución sostuvo que mantenerlas en operación representaba un riesgo para la seguridad y el funcionamiento regular de sus actividades.
En respuesta a señalamientos sobre una posible discrecionalidad, la Corte subrayó que la renovación se sustentó en dictámenes técnicos emitidos por autoridades federales y por la Dirección General de Seguridad. Según explicó, dichas evaluaciones concluyeron que las condiciones mecánicas y de protección de las unidades anteriores ya no eran adecuadas.
El procedimiento se ampara en el Acuerdo General de Administración 2019, normativa interna que autoriza el reemplazo de vehículos destinados a funciones de seguridad una vez cumplidos cuatro años de servicio o cuando el estado del automotor comprometa su operación y la integridad de sus ocupantes.
En materia de gasto público, la SCJN informó que la compra de las nuevas camionetas se realizó de manera paralela a un proceso de desincorporación de una flotilla más antigua y de mayor tamaño. Con ello, el tribunal afirmó que busca mantener un equilibrio entre el uso racional de los recursos públicos y la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio de la función jurisdiccional.
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