El Senado de Estados Unidos aprobó una resolución para impedir nuevas acciones militares del presidente Donald Trump en Venezuela. La medida, apoyada por cinco republicanos, responde a una operación previa no informada al Congreso y reabre el debate sobre los poderes de guerra.
EE.UU. — La relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso estadounidense volvió a tensarse tras la aprobación en el Senado de una resolución conjunta que busca bloquear eventuales incursiones militares del Gobierno de Donald Trump en Venezuela. Aunque de carácter simbólico, la votación evidenció fisuras internas en el Partido Republicano y una creciente preocupación legislativa por el uso unilateral de la fuerza.
La iniciativa fue avalada con 52 votos a favor y 47 en contra, gracias al respaldo de cinco senadores republicanos que se sumaron a la bancada demócrata, pese a que el oficialismo mantiene una mayoría estrecha en la Cámara Alta. El texto fue presentado por legisladores demócratas y copatrocinado por el republicano Rand Paul, conocido por su postura crítica frente a las intervenciones militares sin autorización del Congreso.
La resolución surge como respuesta directa a una reciente operación estadounidense en territorio venezolano para capturar al presidente Nicolás Maduro, acción que no fue comunicada previamente al Legislativo. Para varios senadores, este episodio reavivó las alertas sobre la aplicación de la Ley de Poderes de Guerra y la necesidad de reforzar los controles institucionales sobre decisiones de alto impacto internacional.
Pese a su aprobación en el Senado, la medida enfrenta un camino complejo. Para tener efectos vinculantes deberá ser avalada por la Cámara de Representantes y posteriormente firmada por el propio Trump, quien ya adelantó que la vetaría. Revertir ese veto exigiría mayorías calificadas en ambas cámaras, un escenario considerado poco probable.
El presidente reaccionó con dureza, calificando la votación como una afrenta a la seguridad nacional y señalando que la resolución limita la autoridad presidencial como comandante en jefe. Más allá de su viabilidad legal, el episodio confirma que la política hacia Venezuela se ha convertido en un nuevo eje de confrontación institucional en Estados Unidos.
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