Alfonso Cepeda, líder del SNTE, urgió desde Ciudad de México a los congresos estatales a adecuar sus leyes para aplicar la reforma a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en diciembre, que sanciona la injerencia de servidores públicos en la vida sindical.
CDMX — El debate sobre la autonomía sindical volvió al centro de la agenda legislativa tras el llamado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a los congresos locales para armonizar sus marcos jurídicos con una reciente reforma federal. El planteamiento surge en un contexto de tensiones históricas entre sindicatos del sector público, autoridades gubernamentales y partidos políticos, donde la línea entre representación gremial y control político ha sido recurrentemente cuestionada.
Durante una reunión con los Órganos Nacionales de Gobierno Sindical, secretarios generales del SNTE y diputados locales, el secretario general del sindicato, Alfonso Cepeda, sostuvo que la modificación a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado representa “la conquista laboral más importante del siglo XXI”. En su doble calidad de dirigente sindical y senador por Morena, el líder magisterial pidió a las legislaturas estatales actualizar sus leyes para evitar contradicciones normativas y asegurar la correcta aplicación de sanciones administrativas.
Cepeda afirmó que la reforma puede ser adoptada en todos los estados, al considerar que genera beneficios compartidos y aporta certidumbre jurídica. Subrayó que la actualización legal permitirá cerrar vacíos y establecer reglas claras para aplicar el sistema de responsabilidades administrativas cuando se detecte injerencia indebida de servidores públicos en asuntos internos de los sindicatos.
El decreto fue publicado en diciembre pasado en el Diario Oficial de la Federación y establece que la injerencia en la vida sindical será sancionada conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El texto define estas conductas como la participación de funcionarios en campañas internas, el uso de recursos públicos o de instalaciones oficiales para favorecer a determinadas planillas, así como otras acciones que interfieran en los procesos de organización gremial.
Aunque el senador ha promovido la reforma como un paso decisivo para fortalecer la autonomía sindical, el alcance del decreto ha generado observaciones. La normativa no prohíbe que funcionarios públicos encabecen organizaciones sindicales ni impide prácticas como la movilización obligatoria de agremiados a actos políticos partidistas, lo que mantiene abierto el debate sobre los límites reales de la separación entre poder público y vida gremial.
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