Editorial
No es una auditoría sorpresa sobre irregularidades descubiertas; es una auditoría preventiva sobre un organismo que todavía no ha sido intervenido por la nueva administración. La pregunta es inevitable: ¿se audita para descubrir o para controlar el relato?
El gobernador fue enfático: "No hay persecuciones en mi administración". Para demostrarlo, evocó tiempos oscuros donde "traían a los secretarios con la policía", tiempos que —convenientemente— él no recuerda porque "estaba en el Senado". La construcción retórica es impecable: definir su gobierno por oposición a un pasado que él mismo difumina, mientras anuncia una revisión que suena inquietantemente a advertencia.
Porque cuando un gobernador anuncia públicamente que va a "revisar en qué estado nos entregan el SOAPAP" antes de que su propia funcionaria asuma el cargo, no está haciendo fiscalización ordinaria: está estableciendo un perímetro de responsabilidad. Si algo sale mal, la culpa será de lo heredado. Si algo funciona, será mérito de la intervención oportuna.
Los Ajustes en el Gabinete
Armenta describió los cambios en su gabinete como "ajustes de articulación" porque "así se hace la administración pública". La administración es "dinámica, no estática", argumentó. Es cierto: las administraciones cambian. Lo que no es normal es que en seis meses cuatro secretarías hayan sido reestructuradas sin que se publiquen diagnósticos que justifiquen la urgencia de tales movimientos.
Porque una cosa es la dinámica administrativa y otra muy distinta es la rotación constante de funcionarios sin explicaciones técnicas. Los "ajustes de articulación" suenan a eufemismo cuando no van acompañados de evaluaciones de desempeño públicas, reportes de gestión o análisis de resultados. ¿Articular qué con qué? ¿Y por qué esa articulación requiere cambiar personas en lugar de mejorar procesos?
Privatización y Exculpación
El gobernador fue particularmente explícito al referirse a la privatización del agua: "Quien tomó la decisión de privatizar el agua no fue él [Gaitán]. Fue el que toma decisiones, me refiero entre el gobernador y el presidente municipal en turno". La referencia es clara: Rafael Moreno Valle (gobernador) y Tony Gali (presidente municipal) concesionaron el servicio a Concesiones Integrales S.A. de C.V. en mayo de 2014 por 30 años.
Armenta no disculpa, pero contextualiza: "Hicieron negocio con el agua que es un derecho humano". La frase es políticamente poderosa y la ha usado "n" veces y la seguirá usando porque es mejor señalar responsables históricos (uno ya fallecido) sin comprometerse con una solución concreta. Porque una cosa es denunciar que la privatización fue un error y otra muy distinta es revertirla, renegociarla o mejorarla.
Pero en eso está, ha dicho. La concesión tiene todavía 18 años de vigencia. ¿Cuál es el plan del gobierno de Armenta? ¿Revisión jurídica de términos contractuales? ¿Renegociación de tarifas? ¿Fortalecimiento de la supervisión pública? ¿O simplemente recompra de acciones (un negocio por cierto muy rentable) para gestionar políticamente el descontento ciudadano mientras Agua de Puebla continúa operando bajo los mismos términos?
Ya se verá. Mientras tanto, anuncia que la Secretaría Anticorrupción revisará el SOAPAP antes de que Josefina Morales Guerrero asuma formalmente. Pero mientras el gobernador prepara auditorías y ajusta su gabinete, el problema real del agua en Puebla permanece intacto:
- Crisis de abastecimiento en colonias populares
- Tarifas que los usuarios consideran excesivas
- Infraestructura deteriorada
- Falta de transparencia en la gestión de Agua de Puebla
- Ausencia de un plan público de inversión en infraestructura hídrica
- Conflictos recurrentes entre usuarios y la concesionaria
Ninguno de estos problemas se resuelve con auditorías preventivas ni con cambios de directores. Se resuelven con inversión pública verificable, supervisión técnica efectiva, rendición de cuentas de la concesionaria y —eventualmente— con la reevaluación del modelo de concesión, y de esto y aquello nada dice el gobernador.
Sed de Sangre Política
Eso, sí, muy al estilo de la 4T de victimizarse, el gobernador acusó a sus críticos de estar "acostumbrados a la sangre", de querer "sangre políticamente hablando", de exigir que "caigan cabezas". La metáfora es violenta, pero también es estratégica: convierte las preguntas en una escena irracional y primitiva que genera rechazo hacia los medios que se atreven a preguntar más allá de lo que dice.
Pero nadie pide literalmente "sangre". Lo que se pide de forma moderada, y creo respetuosa, son explicaciones de un tema complejo, para entenderlo mejor: ¿Por qué una ex secretaria de Finanzas va a dirigir el organismo del agua? ¿Qué plan concreto hay para resolver la crisis hídrica?
Reducir estas preguntas legítimas a una "sed de sangre" es una forma de deslegitimar las preguntas sin responderlas. Es el recurso clásico del poder cuando no quiere explicar: convertir al que pregunta en el problema. ¿No es sufciente lo que enfrentamos los medios de comunicación o los periodistas críticos con las prácticas de "Comunicación Social" de su gobierno?.
El Control Narrativo
Con inversiones millonarias en redes sociales, mes con mes, lo que Armenta está construyendo es un sistema de control narrativo coercitivo: anunciar auditorías preludio de problemas, definir responsabilidades históricas antes de asumir las propias, establecer perímetros de culpa antes de que surjan las crisis y señalar con figuras violentas el "supuesto" comportamiento de la prensa.
Es el estilo que su asesor de cabecera en imagen tiene por costumbre: una forma vulgar de gobernar donde el relato precede a la gestión, donde la magnificación sustituye a los resultados verificables, donde el discurso anticorrupción funciona como escudo político y se acusa a la prensa para que día con día se ablande y le sirva de distractor para que el público no cuestione lo que realmente importa: su gobierno.
Confrontar a la prensa "que pide sangre", inducir la crítica a Moreno Valle y Gali por privatizar el agua es políticamente rentable. Hacer algo al respecto es técnicamente complejo y políticamente arriesgado. Por eso el gobernador opta por lo primero mientras evita lo segundo.
Lo Que No Se Dice
Los poblanos no necesitan saber de los problemas políticos del SOAPAP. Necesitan saber en qué estado se encuentra y qué harán con el organismo para solucionar el problema con "Agua de Puebla", que posee un contrato que todavía tiene casi dos décadas de vigencia. Necesitan saber si habrá inversión real en infraestructura, si las tarifas bajarán, si los cortes de agua cesarán. Necesitan un plan, no una amenaza de auditoría y señalamientos contra la prensa.
Pero parece que el gobernador prefiere auditar el pasado que comprometerse con el futuro. Prefiere establecer culpables históricos que asumir responsabilidades presentes. Prefiere acusar a la prensa de "sedientos de sangre" que responder preguntas legítimas sobre su proyecto de gobierno.
Y mientras tanto, Agua de Puebla para Todos sigue operando bajo los mismos términos de hace doce años, las colonias populares siguen sin agua, las tarifas siguen siendo objeto de reclamo, y la crisis hídrica sigue siendo más política que técnica. Armenta descubrió que es más fácil auditar organismos que resolver problemas, más sencillo cambiar directores que cambiar realidades, más rentable controlar el relato que dar progreso al estado.
La auditoría preventiva al SOAPAP será, como las otras, mediática. Lo que no será es la solución. Porque Josefina Morales Guerrero no llega al organismo del agua a resolver la crisis: llega a administrarla mientras el gobernador sigue construyendo su narrativa.
Y en esa narrativa, curiosamente, lo único que el gobierno no explica, no argumenta, no informa, es cómo va a arreglar el problema del agua.
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