Estados Unidos condiciona la relación bilateral con México exigiendo intervención militar contra el narcotráfico. La administración Trump desafía el derecho internacional mientras Sheinbaum resiste presiones externas.
RG Revista — La relación bilateral entre México y Estados Unidos atraviesa una reconfiguración geopolítica sin precedentes en décadas. La administración Trump ha transformado la lucha antinarcóticos en un instrumento de presión que subordina la soberanía mexicana a los intereses de seguridad estadounidenses. La declaración presidencial de que solo su moral, no el derecho internacional, dicta la política exterior de Washington representa un quiebre explícito con el principio de no intervención que sustentaba formalmente las relaciones hemisféricas. Lo que antes se negociaba mediante cooperación institucional ahora se exige mediante amenazas de acción militar unilateral.
Desde principios de 2024, funcionarios estadounidenses han desplegado una estrategia de presión sistemática fundamentada en la certeza de sus agencias de inteligencia sobre la infiltración del narcotráfico en instituciones mexicanas. La petición de intervención militar directa en territorio mexicano trasciende el combate al crimen organizado para convertirse en un cuestionamiento frontal a la capacidad del Estado mexicano de ejercer autoridad efectiva sobre su territorio. La existencia confirmada de listas de políticos mexicanos vinculados al narcotráfico en poder de Estados Unidos otorga a Washington un poder de veto implícito sobre la clase política mexicana, alterando radicalmente el equilibrio de poder regional.
La detención del dictador venezolano Nicolás Maduro bajo cargos de narcoterrorismo funcionó como demostración de capacidad extraterritorial estadounidense. Donald Trump amenazó con replicar operaciones similares por vía terrestre, estableciendo un precedente de actuación unilateral que desconoce la soberanía de países latinoamericanos. El secretario de Estado Marco Rubio intensificó la presión exigiendo al canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente resultados tangibles que trascienden decomisos y desmantelamientos para apuntar directamente a la estructura política que protege al narcotráfico. Esta demanda constituye una injerencia directa en los asuntos internos mexicanos que redefine los límites tradicionales de la cooperación bilateral.
Las revelaciones del Wall Street Journal y The New York Times sobre análisis internos del gobierno mexicano respecto a posibles arrestos de funcionarios de Morena evidencian que la presión estadounidense ha penetrado la toma de decisiones soberana. Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene públicamente un discurso de colaboración coordinada y rechaza la intervención militar, medios estadounidenses reportan que su gobierno evalúa ceder ante exigencias que podrían desmantelar el proyecto político de la Cuarta Transformación. Figuras como Adán Augusto López, gobernadores de Sinaloa, Tamaulipas, Sonora y Michoacán, secretarios y almirantes se encuentran en el centro de esta negociación geopolítica donde Washington dicta términos y México calcula costos.
Hay una crisis bilateral México-Estados Unidos y expone la fragilidad de la autonomía mexicana frente a un vecino que subordina el derecho internacional a sus intereses de seguridad. La disyuntiva que enfrenta Sheinbaum trasciende la coyuntura política interna para convertirse en una definición de principios sobre soberanía y autodeterminación. La capacidad de Estados Unidos de condicionar la política interna mexicana mediante la amenaza de intervención militar y la exposición selectiva de información de inteligencia establece un precedente hemisférico que redefine las relaciones de poder no sólo en México, sino en toda América Latina. Es cuestión de días para saber si México actuará contra sus propios funcionarios bajo sospecha de Estados Unidos, y si lo hará por decisión soberana o por imposición externa.
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