El presidente Donald Trump advierte que invocará la Ley de Insurrección de 1807 para desplegar tropas en Minneapolis, donde miles protestan tras el asesinato de Renee Good por agente del ICE. La amenaza reactiva debate sobre límites al poder ejecutivo.
Minnesota, EE.UU. — La muerte de una manifestante a manos de un agente federal ha convertido a Minneapolis en el nuevo escenario de confrontación entre la administración Trump y las protestas civiles. Renee Good fue asesinada la semana pasada durante manifestaciones contra la presencia intensificada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en la ciudad, un hecho que ha escalado las tensiones hasta el punto en que el presidente amenaza con invocar una legislación del siglo XIX para imponer orden militar.
La Ley de Insurrección de 1807 otorga al presidente facultades excepcionales para desplegar personal militar en servicio activo con funciones policiales dentro del territorio estadounidense. Trump calificó en Truth Social a los manifestantes como "agitadores profesionales e insurrectos" que atacan a "patriotas del ICE", y responsabilizó a los "políticos corruptos de Minnesota" de no contener las protestas. La amenaza se produce después de que otro agente federal disparara esta semana a un hombre en la pierna, incidente que las autoridades defienden como legítima defensa pero que alimenta la percepción de uso desproporcionado de la fuerza.
La legislación invocada permite al mandatario determinar unilateralmente cuándo existen "obstrucciones, coaliciones, reuniones o rebeliones ilegales" que hacen "imposible la aplicación" de la ley por vías judiciales ordinarias. Su redacción deliberadamente amplia ofrece discrecionalidad prácticamente ilimitada para militarizar conflictos internos, desde sofocar disturbios hasta arrestar y detener migrantes. Históricamente, presidentes como Abraham Lincoln durante la Guerra Civil, Ulysses S. Grant contra el Ku Klux Klan, o Dwight D. Eisenhower para garantizar la desegregación escolar en Little Rock, recurrieron a ella en contextos de crisis institucional profunda. Su uso más reciente fue en 1992, cuando George Bush envió marines y tropas del ejército a Los Ángeles tras los disturbios por la absolución de policías que golpearon a Rodney King.
La administración Trump ha multiplicado las declaraciones de emergencia nacional desde enero de 2025, utilizándolas para imponer aranceles, desplegar agentes federales en múltiples ciudades y activar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportaciones masivas, medida que ya enfrenta restricciones de la Corte Suprema. La Ley Posse Comitatus de 1878, diseñada precisamente para limitar el uso del ejército como fuerza policial doméstica, queda suspendida ante la invocación de la normativa de insurrección. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ratificó públicamente que el presidente posee autoridad legal para activarla.
La posibilidad de que tropas federales patrullen Minneapolis para contener protestas contra abusos del ICE abre preguntas sobre los límites constitucionales al poder ejecutivo en tiempos de polarización. La muerte de Renee Good evidencia las consecuencias letales de operaciones migratorias militarizadas, mientras la retórica presidencial criminaliza la disidencia civil como insurrección. Resta determinar si los tribunales impondrán restricciones a una ley cuya ambigüedad ha permitido históricamente su uso tanto para proteger derechos civiles como para reprimirlos.
0 Comentarios