La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que 626 personas han sido liberadas en el país y convocará a la ONU para verificar las listas, mientras ONG y familiares denuncian opacidad en el proceso iniciado el 8 de enero.

Caracas, Venezuela. — La presidenta interina de Venezuela se encuentra en el centro de una controversia por las discrepancias en las cifras de excarcelaciones. Durante una reunión en el palacio presidencial de Miraflores, Delcy Rodríguez rechazó los señalamientos de organizaciones no gubernamentales y familiares que cuestionan la transparencia del proceso de liberaciones anunciado por su hermano, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano.

La mandataria arremetió contra lo que calificó como "sectores antipolíticos" que manipulan cifras mediante la mentira. En ese contexto, anunció que el próximo lunes establecerá contacto telefónico con Volker Türk, alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, para solicitarle que su oficina verifique independientemente las listas de excarcelados. Rodríguez vinculó estas críticas con las consecuencias del ataque militar estadounidense del pasado 3 de enero que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El anuncio oficial contrasta drásticamente con las cifras de organizaciones independientes. Mientras el gobierno habla de 626 liberados, la ONG Foro Penal reporta entre 154 y 170 excarcelaciones desde el 8 de enero, y la opositora Plataforma Unitaria Democrática maneja cifras similares. La situación se agrava porque las listas prometidas por Jorge Rodríguez hace dos semanas aún no han sido difundidas públicamente, generando incertidumbre entre decenas de familiares que se agolpan en centros de detención.

El Observatorio Venezolano de Prisiones señaló este viernes que algunas personas excarceladas corresponden a casos que "no eran públicos", añadiendo otra capa de opacidad al proceso. Según Foro Penal, aún faltan 780 presos políticos por liberar, mientras que la PUD estima que más de 942 personas permanecen encarceladas. La convocatoria a la ONU buscaría resolver estas discrepancias, aunque persisten dudas sobre la transparencia del proceso en un contexto político marcado por tensiones internas y presiones internacionales.

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