El Departamento de Estado estadounidense declaró "inaceptable" el progreso gradual con México en seguridad fronteriza, exigiendo resultados concretos contra redes narcoterroristas y tráfico de fentanilo. El duro mensaje contradice comunicados conjuntos entre Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio.
Washington/CDMX — El Gobierno de Estados Unidos endureció públicamente su postura sobre la cooperación bilateral en seguridad fronteriza, descalificando como "inaceptable" el progreso gradual alcanzado con México. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado emitió una crítica abierta en la red social X mientras las secretarías de ambos países difundían un comunicado conjunto, evidenciando una discordancia discursiva entre la diplomacia formal y la presión política ejercida desde instancias estadounidenses. La contradicción revela tensiones internas en la estrategia de Washington hacia su vecino del sur.
El mensaje de la oficina WHA fue categórico: "Los próximos compromisos bilaterales con México requerirán resultados concretos y verificables para desmantelar las redes narcoterroristas y lograr una reducción real del tráfico de fentanilo para proteger a las comunidades en ambos lados de la frontera". Esta exigencia unilateral de métricas verificables constituye un endurecimiento sustancial respecto a la retórica de "respeto mutuo a la soberanía" que predominó en comunicaciones oficiales previas. El embajador Ronald Johnson intentó matizar la crítica al señalar que ambas naciones han logrado "avances", afirmando que "juntos podemos construir un futuro más brillante", declaración que contrasta abiertamente con la posición institucional del Departamento de Estado.
Minutos antes de la crítica pública, la Secretaría de Relaciones Exteriores había informado que el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado Marco Rubio acordaron incrementar la cooperación para combatir a los cárteles de la droga, en seguimiento a la conversación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump. Ambos funcionarios reconocieron que "subsisten desafíos significativos" y convinieron que el Grupo de Implementación de Seguridad bilateral, con reunión prevista para el 23 de enero, debe generar "acciones tangibles" para contrarrestar a los cárteles y detener el tráfico de fentanilo y armas en la frontera compartida. Acordaron además una Reunión Ministerial de Seguridad en Washington para febrero próximo.
La simultaneidad entre el comunicado conjunto que enfatiza cooperación y la descalificación pública del progreso alcanzado ilustra una estrategia de presión multidimensional. Mientras los canales diplomáticos formales mantienen narrativas de colaboración basada en "respeto mutuo a la soberanía", instancias del Departamento de Estado desacreditan públicamente los resultados obtenidos, estableciendo estándares de verificación unilaterales que condicionan la legitimidad de los esfuerzos mexicanos. Esta doble retórica permite a Washington mantener presión política constante mientras preserva mecanismos institucionales de coordinación bilateral.
La próxima reunión del Grupo de Implementación de Seguridad el 23 de enero funcionará como prueba inmediata de si México acepta los parámetros de verificación impuestos desde Washington o si la administración Sheinbaum establece contrapesos que equilibren la narrativa de responsabilidades compartidas frente a la presión estadounidense por resultados medibles bajo criterios unilaterales.
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