Editorial
Puebla es en un cementerio de oportunidades. Los datos son demoledores: Puebla cerró enero de 2026 con 652,125 trabajadores formales, una cifra inferior a los 657,171 del mismo mes de 2025. Este retroceso de 0.77% anual no es un simple dato estadístico; es el certificado de defunción de la promesa electoral de Armenta, la evidencia irrefutable de una administración que no solo no ha generado empleos, sino que está destruyendo los que existían.
Si hay un segmento que evidencia la brutalidad de esta crisis, es el empleo eventual. Los trabajadores temporales se desplomaron en 12,485 posiciones, cayendo de 89,110 a 76,625, una contracción catastrófica de 14.01%. Estos no son números abstractos: son personas reales, jefes y jefas de familia, jóvenes que buscaban una oportunidad, adultos mayores que necesitaban completar su ingreso.
Desde el pico de marzo de 2025 con 89,417 trabajadores eventuales, esta categoría ha perdido consistentemente posiciones mes tras mes hasta llegar a 76,625 en enero de 2026. Una pérdida de 14.3% en apenas diez meses. ¿Qué decía Armenta mientras esto ocurría? ¿En qué "mañanera de Puebla" se discutió esta hemorragia laboral? ¿El gobierno estatal estaba demasiado ocupado defendiendo a la 4T federal para atender la tragedia en su propio territorio?
Noviembre 2025: el pico que revela el fracaso
El punto más alto de empleo en Puebla se alcanzó en noviembre de 2025 con 672,867 trabajadores. Desde entonces, el estado ha perdido 20,742 plazas en apenas dos meses, una caída de 3.08%.
El empleo permanente alcanzó su cima ese mismo mes con 587,954 trabajadores, perdiendo desde entonces 16,736 empleos, una contracción de 2.85%.
Empresas que habían expandido plantillas están ahora recortando ante un entorno de negocios hostil, incertidumbre jurídica, inseguridad galopante y políticas laborales federales que el gobierno estatal aplica acríticamente sin considerar las particularidades de la economía poblana.
La gran farsa: trabajadores de plataformas digitales y manipulación estadística
Pero lo más grave es la manipulación estadística que oculta la verdadera dimensión de la catástrofe. Se estima que en Puebla existen entre 22,000 y 25,000 trabajadores de plataformas digitales (Uber, DiDi, Rappi) que fueron registrados masivamente en el IMSS durante 2025, no por generación de empleos nuevos, sino por regularización administrativa forzada.
Si descontamos estos trabajadores —personas que ya laboraban informalmente y que simplemente fueron registradas—, la caída real del empleo formal entre noviembre de 2025 y enero de 2026 sería de entre 42,000 y 45,000 empleos genuinos, no los 20,742 oficialmente reportados. En la comparación anual, Puebla no habría perdido 5,046 empleos sino entre 27,000 y 30,000 posiciones formales.
El gobierno de Armenta conoce perfectamente esta realidad, pero prefiere el silencio, la pregunta a modo previamente acordada, el boletín de prensa que celebra "avances" inexistentes. Mientras tanto, uno de cada cuatro trabajadores de plataformas opera en múltiples aplicaciones generando duplicaciones en registros, y muchos ya están regresando a la informalidad al descubrir que los costos de seguridad social y certificaciones obligatorias reducen significativamente su ingreso neto.
Diciembre-enero: profundización del desastre
De diciembre de 2025 a enero de 2026, Puebla perdió 3,183 empleos en un mes que nunca había registrado caídas de esta magnitud. Los trabajadores permanentes cayeron en 1,817 plazas, mientras que los eventuales se contrajeron en 1,648 posiciones adicionales. Esta doble hemorragia es un indicador técnico de recesión en el mercado laboral local.
¿Y qué ha hecho el gobierno de Armenta? Absolutamente nada que altere la trayectoria descendente. No hay plan estatal de rescate laboral, no hay atracción genuina de inversiones productivas, no hay política industrial seria. Solo discursos, inauguraciones de pavimentos, y sumisión absoluta a las directrices del gobierno federal que evidentemente no están funcionando para Puebla.
Puebla es la cuarta zona metropolitana del país. Debería ser un motor de desarrollo y generador de oportunidades. En cambio, se ha convertido en un territorio de empleos destruidos y familias empobrecidas.
Las empresas poblanas enfrentan presiones crecientes: incrementos al salario mínimo sin incrementos en productividad, nuevas prestaciones obligatorias sin apoyo gubernamental, clausuras y acoso gubernamental, inseguridad que encarece la operación, y un gobierno estatal-municipal que en lugar de facilitador se ha convertido en obstáculo o, en el mejor de los casos, en espectador pasivo.
Responsabilidad política
Alejandro Armenta Mier asumió el gobierno de Puebla con un mandato claro: generar desarrollo, crear empleos, mejorar las condiciones de vida de los poblanos. Las cifras demuestran que en su primer año de gobierno ha fracasado rotundamente. No puede culpar al gobierno federal —del mismo color político— ni a la "herencia recibida".
La pérdida de entre 27,000 y 30,000 empleos formales genuinos no puede ocultarse con discursos o boletines. Es una crisis profunda de primer orden que requiere atención inmediata. Detrás de cada uno de esos empleos perdidos hay una historia de frustración, de proyectos truncados, de familias en dificultades. Jóvenes sin primera oportunidad laboral, adultos despedidos, emprendedores que cerraron sus negocios.
La trayectoria descendente del empleo en Puebla requiere acciones inmediatas y contundentes: un plan estatal de emergencia laboral, incentivos reales a la inversión productiva, mejoras sustanciales en seguridad pública, simplificación administrativa y apoyo a pequeñas y medianas empresas.
Pero nada ocurrirá mientras Armenta priorice la imagen sobre la sustancia, mientras se sigan maquillando estadísticas y ocultando realidades incómodas. Alejandro Armenta Mier pasará a la historia como el gobernador del desempleo, el responsable político de una de las peores crisis laborales que ha enfrentado el estado en años recientes.
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