El Centro Prodh advirtió que la figura de jueces sin rostro, en discusión en el Senado, puede vulnerar el debido proceso. Expertos de El Salvador, Brasil, Colombia y Perú alertaron riesgos de abusos e imparcialidad en reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales.
CDMX — En vísperas de que el Senado de la República analice reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, organizaciones de derechos humanos encendieron alertas sobre la incorporación de la figura de los llamados jueces sin rostro, al considerar que su aplicación puede comprometer principios básicos de la justicia y del debido proceso.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez sostuvo que el anonimato de quienes imparten justicia incrementa el riesgo de violaciones a derechos fundamentales, al impedir que las partes conozcan si el juzgador cumple con condiciones de imparcialidad, independencia y competencia. La organización presentó testimonios de especialistas de países donde este modelo ha sido aplicado, documentando sus efectos en contextos de violencia y control penal.
Danilo Flores, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana de El Salvador, reconoció que los Estados tienen la obligación de proteger a jueces en escenarios de alto riesgo, pero advirtió que el anonimato absoluto resulta incompatible con el debido proceso. A su juicio, la seguridad institucional no puede lograrse a costa de sacrificar la transparencia judicial ni el derecho a una defensa efectiva.
Desde Brasil, Marina Dias, del Instituto para la Defensa del Derecho a la Defensa, afirmó que un juicio justo comienza con la identificación plena de quien juzga. Señaló que cuando un juez oculta su identidad, imagen o voz, se debilita el ejercicio del patrocinio jurídico y se vuelve imposible evaluar eventuales sesgos o conflictos de interés, además de generar un proceso distante y deshumanizado.
En la misma línea, David Morales, de la organización Cristosal, explicó que en El Salvador esta figura surgió en un contexto de combate a pandillas, pero posteriormente derivó en un instrumento de persecución política y control social, con procesos penales dirigidos contra personas consideradas opositoras por el régimen en turno.
El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral, informó que el tema será discutido en consultas y parlamentos abiertos durante el actual periodo de sesiones. Afirmó que, de mantenerse, la figura deberá ser temporal, excepcional y sujeta a reglas claras, para evitar que se convierta en un factor de riesgo para los derechos humanos.
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