El gobernador Alejandro Armenta Mier advirtió que no permitirá chantajes ante la amenaza de un paro del transporte público en Puebla por la revista vehicular. Afirmó que hubo diálogo, estímulos económicos y facilidades en 2025, y sostuvo que las sanciones se aplicarán conforme a la ley.
Puebla de Zaragoza, Puebla. — La amenaza de un paro del transporte público en Puebla colocó al gobierno estatal frente a un nuevo pulso con concesionarios y permisionarios, en un contexto marcado por la conclusión del proceso de revista vehicular y el inicio de sanciones para las unidades que no cumplieron con los requisitos establecidos.
El gobernador Alejandro Armenta Mier fijó una postura firme al calificar como chantaje el anuncio de suspender el servicio este martes. Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario subrayó que su administración ha mantenido abiertos los canales de diálogo con el sector transportista y rechazó la idea de que el gobierno haya actuado con cerrazón o falta de apoyo.
Armenta aseguró que a lo largo de 2025 se otorgaron estímulos económicos, recursos y facilidades administrativas a concesionarios y permisionarios para que pudieran cumplir con la revista vehicular. En ese sentido, afirmó que el argumento de una supuesta ausencia de respaldo gubernamental no se sostiene. “Siempre habrá diálogo, pero no puede haber chantaje”, declaró, al tiempo que señaló que dentro del sector existen actores que no prestan el servicio directamente y operan como monopolios.
De acuerdo con el gobernador, la advertencia de un paro busca presionar tanto al gobierno estatal como a los ciudadanos, quienes serían los principales afectados por la suspensión del transporte público. Sostuvo que su administración no permitirá que se utilice a los usuarios como herramienta de presión política o económica.
El mandatario reiteró que la prioridad de su gobierno ha sido garantizar un servicio seguro y regular para la población, por lo que la revista vehicular responde a criterios de orden, legalidad y protección de los usuarios. Añadió que las sanciones contempladas para quienes incumplieron forman parte del marco normativo vigente y no constituyen una medida discrecional.
Armenta insistió en que el gobierno de Puebla mantiene disposición para continuar el diálogo con los transportistas y revisar planteamientos específicos, siempre dentro de la ley. Sin embargo, dejó claro que no se negociará bajo presión y que cualquier acuerdo deberá privilegiar el interés público y la movilidad de los ciudadanos.
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