Mientras la familia de Gisele Ortiz Carreto exigía en su funeral "limpiar su nombre" y aseguraba su inocencia, el gobernador Alejandro Armenta vinculó sin pruebas el caso Angelópolis con narcomenudeo en "esferas altas". La estrategia de victimización secundaria busca desviar atención del fracaso en seguridad. Francisco Sánchez González prometió avances en 72 horas.
Puebla de Zaragoza/Zacatlán, Puebla. — El Domingo 15 de febrero, a menos de cinco kilómetros de donde fue ejecutada, la Funeraria Aeternitas Memorial se llenó de decenas de personas que llegaron a despedir a Gisele Ortiz Carreto. Compañeros de escuela, colegas, docentes y amigos cercanos lloraban mientras repetían una exigencia que se volvió clamor: "limpiar su nombre". Entre rezos y aplausos finales, los asistentes rechazaron categóricamente las versiones que señalaban su muerte como parte de un "ajuste de cuentas por narcotráfico" y exigieron justicia legal pero también justicia en lo social para que quede claro que Gisele fue una víctima inocente, una joven psicóloga que dio amor, apoyo y cariño a muchos.
Mientras las familias de las víctimas viven su duelo más profundo, un día después, hoy lunes por la mañana, el gobernador Alejandro Armenta Mier decidió lanzar una estrategia de culpa sin presentar una sola prueba. Desde Zacatlán, en su conferencia matutina, declaró que "tan importante es combatir el narcomenudeo en los tianguis como en las esferas altas de la sociedad", vinculando implícitamente el caso con venta de estupefacientes. Más grave aún, hizo un llamado a padres de familia para que vigilen "con quiénes se relacionan sus hijos, quiénes son, qué fama tienen y dónde se reúnen", como si las víctimas fueran responsables de su propia ejecución.
La estrategia del oficialismo es transparente: desviar la atención del fracaso en seguridad culpando a las víctimas. Medios oficialistas, sin confirmar fuentes, difundieron que el objetivo era Joaquín Wirth García por una supuesta deuda relacionada con venta de drogas, presentando a Gisele y Emmanuel como daño colateral. Ninguna autoridad ha aportado pruebas de estas acusaciones, pero el daño reputacional ya está hecho. Esto es victimización secundaria: cuando el Estado no protege a sus ciudadanos, los culpa de su propia muerte para justificar su incompetencia.
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, prometió avances en las próximas 72 horas y aseguró que se dará con el autor intelectual del ataque. Afirmó que las autoridades cuentan con información relevante y que trabajan de la mano con la Fiscalía General del Estado para el esclarecimiento total. "Lo estamos haciendo bien, cuidadosamente", declaró, pidiendo paciencia a la ciudadanía. Pero la pregunta persiste: si tienen información relevante, ¿por qué el gobernador opta por culpar a las víctimas en lugar de presentar resultados concretos?
El manejo del caso Angelópolis revela un patrón de gobierno que prefiere construir narrativas que investigar. Primero fue "ataque directo planeado", luego "no especulen" con propuesta de regular horarios de bares, ahora es culpabilizar a jóvenes profesionistas sin pruebas. Mientras tanto, dos familias entierran a sus muertos exigiendo que se limpie el nombre de quienes ya no pueden defenderse. La vida de Gisele Ortiz Carreto y Joaquín Wirth García cambió para siempre el 14 de febrero de 2026, no por sus decisiones, sino por la violencia que el Estado poblano ha sido incapaz de controlar.
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