El contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima, tras denunciar una red de “huachicol fiscal” en aduanas marítimas. La FGR reporta 14 órdenes de aprehensión y 11 detenidos por el caso.
CDMX — El homicidio del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, comisionado por la Secretaría de Marina para supervisar aduanas marítimas, abrió una investigación que expone presuntas redes de corrupción en puntos estratégicos del comercio exterior. El mando naval fue asesinado a tiros el 8 de noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima, semanas después de denunciar un esquema de desvío de combustibles conocido como “huachicol fiscal”.
De acuerdo con grabaciones difundidas, Guerrero documentó sobornos y transferencias vinculadas a operaciones que habrían beneficiado a autoridades, empresarios y organizaciones delictivas. En los audios, relató presiones de superiores para integrarlo al esquema. Tras el crimen, en su oficina fue hallado un manuscrito donde detallaba nombres, mecanismos y montos presuntamente involucrados.
Antes de su muerte, el contralmirante sostuvo reuniones con los secretarios de Marina José Rafael Ojeda Durán y Raymundo Pedro Morales Ángeles, en las que presentó evidencia sobre la operación irregular. Posteriormente fue trasladado a la aduana de Puerto Chiapas y solicitó licencia. El último día de ese permiso fue seguido y atacado por sicarios en motocicleta, un modus operandi que la Fiscalía General de la República vinculó con otro homicidio relacionado con personal naval.
La Fiscalía ha informado de 14 órdenes de aprehensión y 11 personas detenidas e imputadas, entre ellas mandos navales, aunque no todos los señalados han sido procesados. La Secretaría de Marina afirmó que coopera con las indagatorias y dio de baja a cinco elementos.
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