El incremento del 120 por ciento en el precio de la plata durante los últimos seis meses atrajo tanto a mineros formales como a bandas criminales, convirtiendo el sector en objetivo prioritario de extorsión. Un 97 por ciento de las empresas mineras en México han sufrido algún delito, mientras los cárteles profesionalizaron esquemas de cobro que elevan los costos de producción un 3 por ciento adicional.
RG Revista — El asesinato de cinco trabajadores de Vizsla Silver en Sinaloa no es un caso aislado sino la manifestación más reciente de una crisis que lleva una década gestándose. Desde 2015, cuando un ejecutivo de la canadiense McEwen Mining admitió públicamente mantener una buena relación con los cárteles de la droga y reconoció que debían pedir permiso para explorar nuevos yacimientos, el sector minero mexicano opera bajo un impuesto criminal que las empresas evitan declarar pero que los expertos documentan sistemáticamente. El boom de los precios de los metales preciosos, con la plata creciendo 120 por ciento y el oro 50 por ciento en seis meses ante la incertidumbre financiera global, intensificó una dinámica donde los grupos criminales ven en las zonas mineras oportunidades de negocio imposibles de ignorar.
La cronología de la violencia es extensa y geográficamente dispersa. En 2016, seis trabajadores de la mina Beneficiadora de Minerales Temixco en Arcelia, Guerrero, fueron secuestrados por La Familia Michoacana, cuyo líder Johnny Hurtado Olascoaga, alias El Pez, fue identificado en documentos de la Secretaría Nacional filtrados por el colectivo Guacamaya como responsable de secuestros y extorsiones a mineras desde 2015. En 2019, la canadiense Telson Mining suspendió definitivamente sus operaciones en la mina Campo Colorado en el mismo municipio por extorsiones insostenibles. Entre 2017 y 2019, seis minas en Concordia y Cosalá, Sinaloa, detuvieron operaciones temporalmente por hechos de violencia. En junio de 2024, tres mineros fueron ejecutados en La Capilla del Taxte, Concordia, y en agosto del mismo año la mina San Rafael en Cosalá paró actividades por inseguridad. Para enero de 2025, el secuestro de diez trabajadores de Vizsla Silver con cinco cuerpos identificados en fosas clandestinas y cinco personas aún desaparecidas confirma que el problema no se atenúa sino que se agrava.
El mecanismo de extorsión que los grupos criminales desarrollaron es sofisticado y dificulta el rastreo legal. John Price, director general de Americas Market Intelligence y asesor de empresas mineras en Latinoamérica, explica que los cárteles saben que no pueden extorsionar directamente a las compañías sin exponerlas a violaciones de leyes anticorrupción internacionales. Por eso compran diferentes compañías que son proveedoras de las mineras: los transportistas que llevan a los trabajadores desde los campos donde duermen, los proveedores de comida, los de transporte que llevan el extracto de tierra al procesador. De esta manera, las empresas pueden mitigar las amenazas del crimen organizado sin incumplir directamente la regulación o la gobernanza de sus organizaciones, pagando precios inflados a proveedores controlados por criminales.
La consultora Stratop Risk Consulting documentó en agosto de 2024 que los casos de extorsión y derecho de piso aumentaron un 16 por ciento solo entre 2021 y 2022, generando un incremento del 3 por ciento en los costos de producción además de obligar a mayores presupuestos para seguridad. La Cámara Minera de México reporta que el 97 por ciento de las empresas mineras han sufrido algún tipo de delito, siendo los más comunes el robo hormiga y la extorsión, concentrándose en los estados de Durango, Zacatecas y Guanajuato además de los casos documentados en Sinaloa y Guerrero. Armando Vargas, coordinador del programa de seguridad de México Evalúa, señala que algunas empresas establecen contactos directos con los grupos criminales porque les resulta menos costoso que entrar en la dinámica de cobro de piso y extorsión, que son básicamente un impuesto criminal.
La designación de ocho cárteles mexicanos, incluyendo al Cártel de Sinaloa y al CJNG, como organizaciones terroristas por la administración de Donald Trump en febrero de 2025 añadió presión legal sin resolver el dilema operativo. Las empresas que ceden a la extorsión ahora pueden ser objeto de investigaciones penales en Estados Unidos, acusadas de lavar dinero o financiar terrorismo, lo que ya resultó en el congelamiento de cuentas bancarias de algunas compañías y la intervención de tres entidades financieras mexicanas por casos relacionados con legitimación de capitales. Vizsla Silver mantiene una política de cero tolerancia contra el soborno, la corrupción y la extorsión, cumpliendo las leyes canadienses y mexicanas, pero esa misma política legalmente obligatoria impidió pagar el rescate que probablemente habría salvado a sus trabajadores. Este no es un problema exclusivo del sector minero. La patronal Coparmex reporta que el 50 por ciento de los empresarios ha sido víctima de un delito, y la extorsión es uno de los pocos delitos de alto impacto que van al alza, amenazando directamente los planes de aceleración económica e industrial de la administración de Claudia Sheinbaum.
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