Autoridades de Puebla sostienen que el ataque en Angelópolis fue directo contra las víctimas, pero testigos y familiares lo niegan rotundamente. Acusan que la balacera respondió a un cobro de piso en Sala de Despecho. Medios oficialistas difundieron versiones que vinculan a Joaquín Wirth García con narcotráfico, mientras el CCE niega extorsión empresarial en la zona.
Angelópolis, Puebla. — El triple homicidio del 14 de febrero en Angelópolis generó una batalla de narrativas que evidencia fracturas entre autoridades, ciudadanía y sector empresarial. Mientras el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, aseguró que se trató de un ataque directo planeado con un mes de anticipación, testigos presenciales y familiares de las víctimas rechazan categóricamente esta versión y señalan que la agresión respondió a un cobro de piso contra el bar Sala de Despecho.
En un audio que circuló en redes sociales, una madre de familia que asistió al lugar narró que los sicarios atacaron indiscriminadamente a todos: cadeneros, meseros, clientes y vehículos. Según su testimonio, los jóvenes baleados (dos de ellos muertos en el lugar) —Gisele Ortiz Carreto, Joaquín Wirth García y Emmanuel Esteban Campaña Sánchez— no tenían vínculos con el crimen organizado y fueron víctimas de un operativo de extorsión fallido. Los asistentes afirmaron que alrededor de las 02:00 horas escucharon gritos ordenando tirarse al piso, y que quienes salieron minutos antes del bar fueron alcanzados por las balas sin ser objetivos específicos.
La confusión aumentó cuando medios oficialistas difundieron una versión que apunta a Joaquín Wirth García como objetivo del comando armado. Según esta narrativa, el arquitecto se dedicaba supuestamente a comercializar sustancias ilícitas en antros de moda, teniendo como base de operaciones la Sala de Despecho. Esta acusación fue calificada por cercanos a la víctima como calumniosa y orientada a desviar la atención del verdadero problema: la inseguridad y el cobro de piso en zonas comerciales de Puebla. Familiares y amistades piden, justamente, respeto por las víctimas.
Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial representado por Juan Pablo Cisneros negó tener reportes de cobro de piso en establecimientos de Angelópolis o afectaciones a la inversión. "No tenemos información específica sobre cobro de piso o algunas cuestiones que afecten la inversión", declaró durante una rueda de prensa donde estuvieron presentes representantes de Coparmex, Canacintra, CMIC, Canirac y Canaco, además de rectores de la UPAEP y la Anáhuac. Sin embargo, voces críticas señalan que reconocer el cobro de piso equivaldría a admitir un arreglo de autoridades de Seguridad con el crimen organizado, por lo que el bloque oficialista empresarial funciona como "dique de contención crítico" frente a la evidente inseguridad.
Fuentes policiales señalaron inicialmente a Enrique Solá Benítez, arquitecto de 29 años que permanece hospitalizado, como el posible objetivo del ataque al haber recibido tres balazos. No obstante, el mismo Francisco Sánchez González declaró posteriormente que no se detectaron nexos de las víctimas con el crimen organizado, dejando en el aire la pregunta de si el ataque fue selectivo o producto de una extorsión violenta. El gobernador Alejandro Armenta pidió "no especular", pero la disputa narrativa refleja la incapacidad del gobierno y los empresarios para asumir la dimensión real del problema de seguridad en Puebla.


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