El alcalde de Chignahuapan, Juan Rivera Trejo, apareció en video con un fajo de billetes y lo negó. Antes había usado cámaras del palacio municipal para identificar reporteros; después, junto a su hermano, agredió a un periodista y le arrebató el celular en plena vía pública en septiembre de 2025.
Chignahuapan, Puebla. — Cuando el video con el fajo de billetes se difundió, Juan Rivera Trejo no convocó a una conferencia de prensa ni ofreció pruebas de su versión. Publicó un comunicado en el que descalificó a quienes lo cuestionaron y habló de regalos de San Valentín tergiversados. Era la respuesta esperable de un alcalde que lleva meses tratando a la prensa de Chignahuapan no como un contrapeso institucional, sino como una amenaza que debe contenerse.
El antecedente más cercano ocurrió el 8 de agosto de 2025, cuando un medio publicó que el edil portaba ese día un atuendo Hugo Boss valuado en alrededor de 50 mil pesos. La reacción del ayuntamiento no fue desmentir la información: fue identificar a los responsables. La administración solicitó videos del interior del Palacio Municipal para rastrear quién había tomado las fotografías, recortó el clip del momento preciso y lo envió al medio con un mensaje sin ambigüedad: sabemos quiénes son. Usar infraestructura de vigilancia institucional para localizar periodistas no es una reacción impulsiva; requiere coordinación, acceso y la decisión deliberada de destinar recursos públicos a intimidar reporteros.
Un mes después, el 10 de septiembre, la intimidación dejó de ser implícita. Un joven periodista llegó al lugar donde los charros habían convocado a medios para documentar la demolición del lienzo charro ordenada por la administración. Llevaba su equipo y hacía su trabajo. Rivera Trejo y su hermano Isaí —integrantes del llamado Team Infierno, como se denomina el círculo más cercano al alcalde— lo increparon, lo amedrentaron y le quitaron el celular. El reportero quedó intimidado. La titular del medio denunció los hechos y el caso llegó hasta la Secretaría de Gobernación.
La secuencia importa: primero la vigilancia institucional para identificar periodistas, luego la agresión física para silenciarlos. Ambas acciones ocurren en el mismo municipio que no ha publicado un contrato desde mayo de 2025, donde la familia del alcalde controla la adjudicación y ejecución de obra pública, y donde la declaración patrimonial del edil omite cuatro empresas registradas a su nombre. En ese contexto, el video del fajo de billetes no es solo un escándalo de imagen: es la grieta por la que se cuela todo lo que Rivera Trejo ha intentado mantener fuera del registro público.
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