Colima no es solo "el estado más peligroso de México", como lo describen analistas de seguridad. Es el laboratorio perfecto de lo que ocurre cuando un estado es capturado por el crimen organizado: asesinatos sistemáticos, impunidad total, control territorial absoluto y un gobierno que no combate al crímen sino que lo facilita.
RG Revista — El 31 de enero de 2026, a las 04:30 horas, en la colonia Placetas Estadio, tres sicarios irrumpieron en un modesto negocio de repostería. Llevaban un mazo en la mano. Asesinaron a María Eugenia "Queña" Delgado, de 72 años, y a su hija Sheila Amezcua Delgado, de 49. Las dos mujeres eran familiares de Mario Delgado, secretario de Educación Pública federal y expresidente de Morena. No tenían antecedentes, no estaban en política, solo vendían pasteles. Ese mismo día, los tres sicarios fueron abatidos en Villa de Álvarez. Muerto el perro, se acabó la rabia. Cortaron el hilo.
La eficiencia de la operación —asesinar y eliminar testigos en cuestión de horas— no es casualidad. Es el resultado de un estado donde el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) no solo opera: gobierna. Y donde la gobernadora, Indira Vizcaíno, "está completamente ausente" frente a la organización criminal, según análisis de inteligencia.
Colima es estratégico por una razón: Manzanillo, el puerto más importante del Pacífico mexicano. Por ahí entran los precursores químicos para la producción de fentanilo, la droga que mata a más de 100,000 estadounidenses al año. Por ahí transita el dinero del tráfico internacional. Y por ahí también llegaban los buques del huachicol que operaba Eduardo Laguna, concesionario del muelle, en coordinación con navieras propiedad de Saúl Vero Ochoa y Juan Pablo Vega Arriaga, ambos compadres de Adán Augusto López.
Manzanillo no es solo la aduana "más apetitosa para cualquier grupo criminal". Es la aduana que el crimen organizado ya controla. Y el control no es clandestino: es institucional. Gobernadora beneficiaria del dinero del narco, alcaldes vinculados al CJNG, policías que trabajan para el cártel. No hay "infiltración". Hay captura.
La estela de sangre en Colima vinculada al huachicol fiscal supera los 10 asesinatos documentados. Cada uno tiene un patrón: eliminación de testigos, investigadores o herederos de información comprometedora. Arnoldo Ramírez, heredero de Sergio Carmona "El Rey del Huachicol", compartía ubicación y domicilio con Carmona y su esposa. Fue desbarrancado en Colima. Ramírez tenía relación con César Morfín Morfín, alias "El Primito", identificado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como epicentro del huachicol fiscal. No hay coincidencias.
El almirante Rubén Guerrero salió a denunciar públicamente la corrupción de los Farías y de Eduardo Laguna. Se reunió con Raymundo Morales y compartió con sus superiores dónde iba a estar en determinado momento. Fue asesinado. La traición provino de dentro del sistema: alguien en la cadena de mando filtró su ubicación. El mensaje es claro: denunciar es morir.
Yanet Nava Ramos, delegada de la Fiscalía General de la República en Colima, estaba encargada de investigar la corrupción y el contrabando de hidrocarburos vinculado al huachicol fiscal. Fue asesinada. La FGR investiga corrupción en Colima, pero quien investiga en Colima muere. Es un círculo perfecto de impunidad.
El asesinato de María Eugenia y Sheila Amezcua Delgado no fue un crimen circunstancial. Fue un mensaje dirigido a Mario Delgado, quien está en los "primeros tres" de la lista de investigados por Washington. Mario Delgado nació en Colima. Su familia vive en Colima. Y en Colima, el CJNG tiene control absoluto.
Pero el caso más revelador del control criminal sobre el estado es la eliminación de los sicarios materiales. Asesinan a las dos mujeres en la madrugada. Horas después, los tres sicarios son abatidos en Villa de Álvarez. No fueron detenidos para ser interrogados. Fueron ejecutados para que no hablaran. ¿Quién tiene la capacidad operativa de localizar y eliminar a tres sicarios en cuestión de horas? Solo un aparato con acceso a inteligencia gubernamental, con control territorial, con protección institucional.
Colima es el estado natal de Mario Delgado, pero también es el estado donde el huachicol fiscal se convirtió en sistema. César Morfín "El Primito" no opera desde las sombras: opera con infraestructura, con rutas controladas, con complicidad de autoridades. El Departamento del Tesoro de EE.UU. lo identificó como "epicentro del huachicol fiscal" porque tiene evidencia de que Morfín no solo roba combustible: lo convierte en recursos políticos.
La gobernadora Indira Vizcaíno llegó al poder en 2021 como beneficiaria directa del esquema Carmona-Peralta-Mario Delgado. "Llegó al poder gracias a ese dinero", según testimonios. Y desde el poder, no combate al CJNG: lo protege. No hay operativos relevantes contra el cártel en Colima. No hay detenciones de jefes de plaza. No hay desmantelamiento de células. Hay, sí, asesinatos sistemáticos de quienes investigan o denuncian.
Colima tiene 774,000 habitantes. Es uno de los estados más pequeños de México. Pero su importancia estratégica —Manzanillo como puerta del Pacífico— lo convierte en epicentro del tráfico de fentanilo, del huachicol fiscal y del lavado de dinero.
Cuando se dice que México enfrenta un problema de "infiltración del narco", Colima demuestra que el diagnóstico es equivocado. No hay infiltración. Hay captura institucional completa. El crimen organizado no se infiltró en el gobierno de Colima: instaló al gobierno de Colima. Y desde ahí opera con impunidad, elimina testigos, controla aduanas y envía mensajes brutales.
Colima es el futuro de México si el patrón continúa. Un estado donde el gobierno y el cártel son la misma cosa. Donde denunciar es morir. Donde investigar es morir. Donde ser familiar de alguien en "la lista" es morir. Y donde la justicia no existe porque la justicia implicaría desmantelar al gobierno mismo. Eso es un narcoestado. Y Colima es su versión más pura.
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