David Colmenares se registró en San Lázaro para encabezar la Auditoría Superior de la Federación 2026-2034, mientras Alfonso Ramírez Cuéllar presentó en la UNAM una reforma para prohibir la reelección del titular y modificar el sistema de fiscalización.

CDMX — En el corazón del Congreso mexicano, la disputa por el control de la fiscalización superior tomó forma pública este jueves. Mientras David Colmenares, extitular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), acudía a San Lázaro para registrarse como aspirante al periodo 2026-2034, desde la UNAM se impulsaba una reforma que podría impedir su eventual reelección.

Colmenares entregó su documentación ante la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la ASF. Tras concluir el trámite, abandonó el recinto legislativo acompañado por personal de seguridad. La convocatoria para designar al próximo titular cierra el 28 de febrero; posteriormente, la Comisión de Vigilancia iniciará la fase de evaluación. Hasta ahora, 25 personas se han inscrito en el proceso.

En paralelo, el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, presentó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM la iniciativa “Propuestas para mejorar la fiscalización superior en México”. El proyecto forma parte del paquete legislativo orientado al combate a la corrupción y plantea cambios de fondo: eliminar la reelección del titular de la ASF y de la Unidad de Evaluación y Control, reducir los plazos de revisión de la cuenta pública, publicar el Programa Anual de Auditorías antes de concluir diciembre y restituir un consejo de dirección colegiado dentro del órgano fiscalizador.

Ramírez Cuéllar argumentó que la reforma busca desmontar redes de complicidad, acotar la discrecionalidad y fortalecer la autonomía técnica de las auditorías. La coincidencia temporal entre el registro de Colmenares y la presentación de la iniciativa colocó el debate en el centro de la agenda legislativa. El futuro de la fiscalización en México se define ahora entre el procedimiento formal de designación y la eventual modificación de las reglas que rigen al órgano encargado de vigilar el uso de los recursos públicos.

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