El Gobierno de Tlaxcala y SMyT buscan ordenar la ruta Apizaco-Tlaxcala tras décadas de caos y falta de seguros. Pese al Amparo 1371/2024 de ATAH, el estado usa convenios de 2025 para garantizar un servicio seguro y bajo control.
Tlaxcala — El corredor carretero que conecta a Apizaco con Tlaxcala se ha convertido en el área de una compleja batalla legal y administrativa que mantiene en vilo a miles de usuarios diarios. Por un lado, el Gobierno del Estado de Tlaxcala, a través de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), busca implementar un ordenamiento profundo tras décadas de anarquía; por el otro, la empresa Autotransportes Tlaxcala, Apizaco, Huamantla S.A. de C.V. (ATAH) defiende lo que considera su territorio operativo mediante recursos constitucionales.
La raíz del conflicto se remonta al 20 de septiembre de 2024, fecha en que se publicó una Declaratoria de Necesidad Pública. Este documento oficial fue contundente al describir la realidad del servicio: más de tres décadas de irregularidades que incluyen unidades circulando sin placas ni tarjetas de circulación, falta de dictámenes de seguridad para el uso de gas LP y, lo más alarmante, la ausencia de pólizas de seguro para los pasajeros. Según la SMyT, estas condiciones han dejado a los ciudadanos en un estado de vulnerabilidad histórica.
Sin embargo, el proceso de modernización se topó con una barrera judicial. ATAH promovió el Amparo Indirecto 1371/2024, logrando detener el ordenamiento durante casi un año. En un reciente comunicado emitido el 4 de febrero de 2026, la empresa anunció que un Juzgado de Distrito con sede en Apizaco determinó la "cesación de efectos" del acto reclamado. Para la transportista, esto significa que la autoridad estatal "no puede ni podrá ejecutar" la declaratoria original, asegurando que sus derechos permanecen intactos y que el fallo equivale a haber obtenido el amparo.
A pesar de esta interpretación, la postura oficial del estado sugiere un panorama distinto. La SMyT sostiene que los obstáculos legales se han superado y que el proceso de regulación se ha retomado con fuerza. Un elemento clave en esta estrategia es el Convenio de Coordinación de Acciones anunciado el 7 de mayo de 2025, el cual otorga facultades a Tlaxcala para regular tramos de jurisdicción federal, como las rutas 117D y 136, cerrando así los vacíos legales que las empresas utilizaban para evitar el control estatal.
Mientras la batalla se traslada ahora a un recurso de revisión ante un órgano de alzada, ATAH ha comenzado a anunciar la incursión de nuevas unidades en un intento por mejorar su imagen pública y demostrar responsabilidad social. No obstante, el objetivo del gobierno estatal sigue firme: transitar de un modelo de "servicios irregulares" a un sistema de concesiones formales que garantice operadores con identificación oficial y vehículos con estándares de seguridad.
El desenlace de esta pugna definirá el futuro de la movilidad en la entidad. Los usuarios, mientras tanto, esperan que el "ordenamiento y seguridad" prometido no sea solo una frase jurídica, sino una realidad palpable en sus trayectos cotidianos.
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