Las reacciones en redes al mensaje tardío de Armenta sobre el asesinato del matrimonio Tello-Ruiz exponen una crisis de credibilidad acumulada. Las fuertes expresiones que omitimos son síntomas de hartazgo ante un gobierno que promete justicia pero acumula impunidad en Angelópolis, Chignahuapan… y toda la entidad.
Puebla de Zaragoza, Puebla. — La indignación ciudadana contra Alejandro Armenta por su manejo del asesinato del matrimonio Alexandro Tello y Karina Ruiz no es un hecho aislado. Es la acumulación de hartazgo ante un gobierno que responde con propaganda mientras la violencia consume vidas sin consecuencias para los responsables. "#%¬¬@#", escribió un usuario en respuesta al mensaje tardío del gobernador. "Mejor renuncie", exigió otro tras enumerar cadáveres en mercado público de Texmelucan y una adolescente apuñalada por robo en un negocio. "Antes Puebla era una ciudad segura. Jamás estuvo así. Inseguro, con miedo", sentenció un poblano. No son insultos gratuitos. Son el termómetro social de un estado que perdió la confianza en su gobierno.
El caso del matrimonio Tello-Ruiz llega apenas seis días después de la masacre en Angelópolis, donde Gisele Ortiz Carreto, Joaquín Wirth García y Emmanuel Esteban Campaña Sánchez fueron ejecutados por Operativa La Barredora, brazo del Cártel Jalisco Nueva Generación. En ese caso, Armenta culpó a las víctimas sin presentar pruebas, vinculándolas con narcomenudeo en "esferas altas" y llamando a padres a vigilar con quiénes se relacionan sus hijos. La fiscal general Idamis Pastor lo desmintió categóricamente: "No existe evidencia de que las víctimas tuvieran relación con actividades ilícitas". Pero el daño ya estaba hecho. En el caso del matrimonio Tello-Ruiz, el gobernador cambió de táctica: en lugar de culpar a las víctimas, culpa a la jurisdicción vecina enfatizando Tlaxcala aunque el crimen ocurrió en Chignahuapan, Puebla.
El patrón es claro y los ciudadanos ya lo identificaron. Cada vez que el crimen organizado cobra víctimas, Armenta responde con el mismo libreto: promesas de que "no habrá impunidad", garantías de que se actuará "con firmeza" y compromisos de "trabajar coordinadamente con autoridades correspondientes". Pero en los hechos, cero resultados concretos. El autor intelectual del ataque en Angelópolis sigue sin identificar, dos sicarios permanecen prófugos, y nadie ha explicado cómo La Barredora rentó casas de seguridad por Airbnb y pasea por las calles durante semanas sin ser detectada. En el caso del matrimonio, el boletín de la FGE documenta que fueron captados por cámaras dando seguimiento a una camioneta blanca desde las 09:56 horas, pero nadie explica a quién seguían, por qué, o cómo terminaron ejecutados en Chignahuapan sin que ningún operativo los interceptara.
Lo que más indigna a la ciudadanía es la distancia entre propaganda y realidad. Mientras Armenta anuncia en paraderos del metrobús que "la inseguridad ha bajado", los poblanos encuentran cadáveres en mercados públicos, adolescentes apuñaladas y matrimonios ejecutados tras salir de su casa a llevar a sus hijos al colegio. "No queremos cable bus, ni verte rodar tu moto, ni esquelas de tu perro, ni videos donde finges ser buena onda. Queremos seguridad en las calles, en el transporte", escribió un usuario resumiendo el hartazgo colectivo. Otros son más directos.Solo un mensaje de docenas defendió al gobernador: "Total apoyo, no haga caso a malos comentarios". La proporción revela la erosión total de credibilidad.
La crisis no es solo de inseguridad, es de confianza. Los poblanos ya no creen que Armenta vaya a combatir el crimen organizado porque su gobierno lleva meses demostrando que prefiere administrarlo. El Congreso del Estado dedica cuatro horas a discutir therians pero no aprueba ninguna iniciativa contra extorsión. El CCE y Coparmex niegan el cobro de piso para proteger el presunto pacto con el crimen. El gobernador culpa a víctimas o a jurisdicciones vecinas pero nunca asume responsabilidad directa. Mientras tanto, Puebla acumula muertos sin justicia: tres jóvenes en Angelópolis, un matrimonio en Chignahuapan, cadáveres en…, y la lista sigue creciendo sin que nadie con poder político haga nada para detenerla. El hartazgo ciudadano no es capricho. Es la respuesta racional ante un gobierno que ha demostrado ser incapaz o no estar dispuesto a proteger a quienes gobierna.
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