Editorial
Lo verdaderamente revelador no es que López Hernández haya acumulado un expediente digno de una serie de Netflix —empresas fantasma, 79 millones de pesos sin reportar, vínculos con La Barredora, un aumento del 11,000% en recursos discrecionales— sino que haya sobrevivido tanto tiempo en el epicentro del poder legislativo con semejante lastre. Esta supervivencia prolongada no habla de su astucia política, sino de un sistema que protege a los suyos hasta que el costo de mantenerlos supera el beneficio de encubrirlos. El tabasqueño no cayó por sus excesos; cayó porque dejó de ser útil y se convirtió en un pasivo electoral tóxico en vísperas del 2027.
La corrupción institucionalizada opera bajo un principio simple: es sostenible mientras permanezca invisible o pueda racionalizarse como "mal necesario". Adán Augusto violó esa regla cardinal al convertirse en un escándalo ambulante, un recordatorio constante de que la narrativa de "cero impunidad" de Sheinbaum era papel mojado. Cada investigación periodística, cada grabación filtrada de los hermanos Padilla Farfán confesando comisiones del 5%, erosionaba la fe que el electorado morenista necesita rescatar para mantener vivo el proyecto. Un gobierno puede sobrevivir a la corrupción sistémica, pero no a la evidencia descarada y repetida de ella transmitida en prime time.
Reescribir el exilio
Ahora comienza la fase más sofisticada de la operación: el blanqueo narrativo. López Hernández no fue removido por presuntos vínculos con el Comandante H ni por irregularidades financieras; simplemente decidió "enfocarse en el trabajo territorial". Esta reformulación lingüística es un clásico de la política mexicana: transformar la derrota en decisión estratégica, el castigo en sacrificio voluntario. Es la misma alquimia verbal que convierte a funcionarios cesados en "renunciantes por motivos personales" y a investigados en "víctimas de campañas mediáticas".
Pero el verdadero golpe maestro es más cínico: mantenerlo en el Senado, conservando su fuero, mientras circulan rumores de embajadas europeas que jamás se materializarán. Alemania ya cerró esa puerta, como lo hizo con Gertz Manero. Esta ambigüedad calculada cumple múltiples propósitos: permite a Morena proyectar lealtad ("no lo abandonamos"), mantiene a López Hernández en un limbo que lo neutraliza sin humillarlo públicamente, y envía un mensaje escalofriante al resto de la clase política: pueden caer, pero nunca completamente; pueden ser señalados, pero nunca procesados; pueden perder el poder, pero conservarán la impunidad.
Mientras tanto, Ignacio Mier asume la coordinación pidiendo a sus pares que llamen a Adán Augusto "para expresarle su apoyo en este duro momento". La obscenidad de esa frase merece subrayarse: ¿apoyo por qué? ¿Por haber sido exhibido presuntamente cobrando comisiones ilegales? ¿Por el aumento exponencial de la "caja chica" senatorial? ¿Por la sombra de La Barredora?.
La salida de Adán Augusto López no marca una victoria de la rendición de cuentas; es la confirmación de que en la 4T, como en el viejo PRI que tanto critican, la impunidad tiene fecha de caducidad sólo cuando deja de ser políticamente rentable. El sistema no se autocorrigió; simplemente amputó un miembro gangrenado para preservar el cuerpo enfermo.
Pobre México y los mexicanos de a pie. Mientras el tabasqueño conserve su fuero, ese "exilio dorado" será el recordatorio permanente de que en México, la justicia sigue siendo un privilegio de clase, no un derecho universal. La transformación prometida resulta ser apenas un cambio de operadores en la misma maquinaria de siempre.
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