El Mencho tenía dos órdenes de aprehensión en México y era requerido por una corte en Texas. Murió en el aire, antes de comparecer ante ningún juez. Con él desapareció toda la información que solo él podía revelar sobre rutas, dinero y complicidades.
RG Jalisco — La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes durante el traslado aéreo desde Tapalpa hacia la Ciudad de México no fue solo el desenlace de un operativo. Fue la clausura simultánea de todos los escenarios judiciales, políticos y diplomáticos que su captura habría abierto. Ninguno de ellos ocurrirá. El Estado mexicano neutralizó al objetivo más buscado del crimen organizado nacional —y buena parte del internacional— sin que El Mencho pronunciara una sola palabra ante un juez.
Las implicaciones son múltiples y no todas favorables al gobierno. Oseguera Cervantes tenía dos órdenes de aprehensión vigentes en México por delincuencia organizada, y era requerido por una corte federal del Distrito Oeste de Texas. El gobierno de Estados Unidos había ofrecido 15 millones de dólares por información que condujera a su captura —nótese: captura, no abatimiento—. La muerte en tránsito cierra la posibilidad de extradición, de proceso judicial bilateral y, sobre todo, de declaraciones. El Mencho sabía dónde estaba el dinero, cómo operaban las rutas, quiénes eran sus cómplices en estructuras políticas, financieras y empresariales. Esa información murió con él.
El General Trevilla fue enfático en la conferencia: el objetivo era la detención, no el abatimiento. Se respondió a la agresión, dijo, en el marco de la ley, de la Constitución y del sistema penal acusatorio. La versión oficial es coherente con los hechos narrados: hubo resistencia armada, hubo intercambio de fuego, hubo heridos en ambos bandos. Lo que no responde el relato oficial es por qué el estado de salud de un objetivo capturado —y que representaba una de las detenciones más importantes de la historia reciente del país— no pudo estabilizarse lo suficiente para garantizar su llegada con vida a una instalación médica de tercer nivel.
La muerte durante el traslado tiene también consecuencias políticas inmediatas. El gobierno de Claudia Sheinbaum obtiene el impacto comunicacional de haber neutralizado al capo más buscado, sin el costo político de un juicio prolongado, de filtraciones de información comprometedora sobre vínculos institucionales o de la presión permanente de una eventual solicitud de extradición. En ese sentido, el desenlace es políticamente cómodo, aunque esa comodidad sea el subproducto de una tragedia operativa y no un diseño deliberado.
La ausencia de proceso judicial genera un vacío de verdad difícil de llenar. Los nombres, las rutas, los montos, las complicidades que El Mencho podría haber revelado en un juicio oral quedan fuera del registro histórico. Lo que queda es el cuerpo identificado por la Fiscalía General de la República, el comunicado de Washington reconociendo el operativo, y una conferencia de prensa donde la presidenta susurró que de ciertas cosas no se puede decir mucho. La historia del caso más importante de seguridad nacional en años se escribirá, inevitablemente, con varios capítulos en blanco.
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