La prestigiada IMG Academy de Florida aceptó pagar 1.7 millones de dólares al Departamento del Tesoro de Estados Unidos tras admitir a hijos de líderes de un cártel mexicano, violando la Ley Kingpin durante cinco años consecutivos.
USA — La exclusividad y el alto rendimiento deportivo en Estados Unidos enfrentan un cuestionamiento ético y legal tras revelarse la infiltración de recursos provenientes del narcotráfico en las aulas más costosas del mundo. Mientras miles de familias en México y Estados Unidos buscan acceso a educación básica de calidad, las instituciones de élite en Florida han demostrado una preocupante laxitud en sus protocolos de vigilancia financiera que vulnera las fronteras académicas y deportivas en territorio norteamericano.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) informó que la IMG Academy, ubicada en Bradenton, incurrió en al menos 89 violaciones a la normativa antinarcóticos. Según el reporte oficial, la institución permitió que los hijos de dos figuras sancionadas por el gobierno estadounidense recibieran entrenamiento de élite y servicios académicos de primer nivel. Entre 2018 y 2023, uno de los estudiantes logró graduarse de la academia tras el pago de colegiaturas anuales que superaron los 98 mil dólares, sin que el sistema de cumplimiento de la escuela detectara el origen de los fondos.
El Departamento del Tesoro subrayó que una diligencia mínima habría bastado para identificar que los clientes estaban vinculados a una organización criminal mexicana. Un segundo implicado mantuvo a su hijo en el programa entre 2020 y 2022, desembolsando más de 100 mil dólares por ciclo escolar. La IMG Academy, célebre por formar a figuras como Maria Sharapova y Paula Creamer, cuenta con una infraestructura de reclutamiento global que incluye sedes en México, lo que facilita la captación de perfiles de alto poder adquisitivo bajo un escrutinio insuficiente.
El acuerdo de 1.7 millones de dólares busca cerrar un capítulo de omisiones que permitieron servicios de lujo a familias ligadas al crimen organizado durante un lustro. La resolución judicial resalta la responsabilidad de las academias privadas en la detección de activos de procedencia dudosa, especialmente en centros que operan bajo la modalidad de internado intensivo. Este evento sienta un precedente sobre la vigilancia que el Gobierno de Estados Unidos ejercerá sobre las instituciones educativas que, al priorizar el ingreso económico, facilitan la legitimación social de líderes del narcotráfico internacional.
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