La industria minera en México enfrenta una presión dual sin precedente: las organizaciones criminales controlan las zonas productivas cobrando hasta 60 por ciento de extorsión, mientras que las reformas de la Cuarta Transformación restringen las operaciones legales. El resultado es una pérdida de 4,600 millones de dólares anuales en producción y la fuga de inversión hacia Chile y Perú.
RG Revista — Los cinco trabajadores asesinados en Concordia, Sinaloa, confirmados por la minera canadiense Vizsla Silver Corp tras su secuestro, ilustran una realidad que la industria minera mexicana evita declarar públicamente: las zonas con los mayores yacimientos están bajo el control efectivo del crimen organizado. Simultáneamente, esas mismas empresas enfrentan restricciones regulatorias crecientes implementadas desde 2018. Entre ambos frentes, el sector que representaba una inversión de 5,200 millones de dólares en 2018 se contrajo a 3,500 millones en 2024, una caída del 33 por ciento mientras los competidores regionales atraen capital récord.
El mapa de la extorsión coincide con las zonas de mayor riqueza mineral. En Sinaloa, el Cártel de Sinaloa controla los depósitos de plata y oro donde operaba Vizsla Silver, un proyecto valorado en 500 millones de dólares ahora suspendido indefinidamente. Sonora, con importantes reservas de litio y cobre, enfrenta la extorsión sistemática de células criminales que cobran entre el 30 y el 60 por ciento de la producción. Guerrero, rico en oro, experimenta la toma directa de minas por La Familia Michoacana y el CJNG, obligando a los trabajadores a operar para los cárteles. En Coahuila operan entre 10 mil y 15 mil mineros artesanales de carbón que entregan hasta el 50 por ciento de su extracción al Cártel del Noreste. El costo agregado alcanza los 4,600 millones de dólares anuales en producción perdida, sin contar los proyectos cancelados estimados en 6,500 millones entre 2020 y 2025.
Mientras el crimen organizado capturaba los territorios productivos, el gobierno de la Cuarta Transformación implementó restricciones que la industria considera paralizantes. La nacionalización del litio en 2022 mediante una reforma constitucional canceló proyectos privados que representaban una inversión potencial de 1,500 millones de dólares. LitioMx, la empresa estatal creada para explotar el mineral nacionalizado, opera con 14 empleados y producción comercial nula dos años después. La recuperación de más de 200 concesiones mineras anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum en 2025, argumentando que no están en producción, afecta a empresas en la fase legítima de exploración que requiere entre cinco y siete años antes de la extracción. Los tiempos de aprobación de permisos ambientales se duplicaron de 18 a más de 36 meses, mientras que la carga fiscal minera alcanza el 40 por ciento de las utilidades, comparado con el 35 por ciento en Chile y el 32 por ciento en Perú.
El contraste con los competidores regionales expone la magnitud del rezago. Chile atrajo 12,000 millones de dólares en inversión minera durante 2024 manteniendo un marco regulatorio estable donde la empresa estatal Codelco coexiste con privados, produciendo 200 mil toneladas anuales de carbonato de litio. Perú, pese a los conflictos sociales intensos, captó 7,000 millones garantizando la seguridad en el perímetro de las minas y manteniendo la apertura al capital extranjero. Ambos países ejercen un control territorial efectivo sobre las zonas mineras, un elemento que México carece. La Cámara Minera de México documenta que los proyectos cancelados entre 2018 y 2024 suman 7,500 millones de dólares en inversión perdida, lo que representa entre 25 mil y 35 mil empleos directos no creados y entre 75 mil y 120 mil indirectos.
Las empresas mineras enfrentan un dilema sin solución bajo el marco legal actual. Vizsla Silver mantiene una política de cero tolerancia ante el soborno y la extorsión, cumpliendo las leyes canadienses y mexicanas que prohíben los pagos a organizaciones criminales bajo pena de multas millonarias y prisión para los directivos. Esta política, legalmente obligatoria, resultó en la muerte de trabajadores cuando un cártel demandó un rescate que la empresa no podía pagar sin violar la normativa anticorrupción internacional. La alternativa de no operar en zonas de riesgo implica abandonar yacimientos valiosos que el Estado mexicano concesionó legalmente pero no puede proteger físicamente. La prima de riesgo para los proyectos mineros en México escaló del 12-15 por ciento de costo de capital al 18-25 por ciento, haciendo inviables proyectos que serían rentables en jurisdicciones más seguras con marcos regulatorios predecibles.
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