Siete niños intoxicados, un positivo a fentanilo atribuido a medicamentos hospitalarios y análisis de tamales aún sin resultado: así, con la evidencia incompleta, México y Estados Unidos ya habían convertido el caso en argumento político.
Huauchinango/Puebla de Zaragoza, Puebla. — El sábado 14 de febrero de 2026, una mujer llevó a su hija de 10 años al Hospital IMSS-Bienestar de Huauchinango, en la Sierra Norte de Puebla. La niña vomitaba, estaba desorientada y deshidratada. Los médicos ordenaron estudios de sangre. El resultado los alertó: positivo a fentanilo. Lo que siguió no fue solo una investigación criminal. Fue una tormenta política que se adelantó, por mucho, a la evidencia.
Esa misma mañana, otros seis menores de entre dos y once años fueron atendidos en el Hospital General de Huauchinango tras consumir tamales de un puesto callejero. Ninguno de los seis dio positivo a drogas de abuso. Solo la niña que había permanecido hospitalizada más de diez horas —y que había recibido medicamentos para controlar crisis convulsivas— arrojó positivo en el antidoping. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla lo aclaró en su Comunicado 003: ese resultado se atribuía a los propios fármacos hospitalarios administrados durante su tratamiento, no a una exposición previa al opioide. Las pruebas de orina del resto de los menores y adultos que comieron los tamales resultaron negativas a opiáceos. Los análisis del alimento, mediante cromatografía de líquidos acoplada a espectrometría de masas, seguían en proceso.
Pero la narrativa ya había escapado del laboratorio.
La política se adelanta a la ciencia
Para el martes 18, el caso había cruzado fronteras. El embajador estadounidense Ronald Johnson publicó en su cuenta de X que "el fentanilo no distingue si eres de Estados Unidos o de México", y urgió a desmantelar las redes criminales que trafican el opioide. Lo hizo con una certeza que las autoridades mexicanas no tenían. Johnson había convertido una investigación abierta en un argumento diplomático, sin esperar los peritajes.
La Presidenta Claudia Sheinbaum respondió con una cautela que, a la luz del comunicado de la FGE, resultó más fundamentada: "Primero hay que averiguar si realmente fue fentanilo; segundo, cómo llegó este alimento", señaló. Instruyó a su Gabinete de Seguridad a actuar coordinadamente con la Secretaría de Salud federal. Fue la única voz institucional que exigió verificación antes de conclusiones.
El jueves 19, cinco días después del incidente y con los menores ya dados de alta, apareció por fin el Secretario de Salud de Puebla, Joaquín Espidio, para visitar a las familias. Su mensaje: que podían acudir a los médicos del estado "si algo se ofrecía". Una respuesta tardía, imprecisa y política frente a la magnitud que el caso había alcanzado internacionalmente.
El patrón que deja este episodio es preocupante. Un resultado de antidoping —obtenido en condiciones que la propia Fiscalía reconoce como contaminantes— bastó para activar redes sociales, medios nacionales y una reacción diplomática bilateral, mientras la evidencia científica seguía en proceso. Si los análisis cromatográficos de los tamales resultaran negativos, el daño ya está hecho: la historia del "fentanilo en tamales" circula como hecho probado.
La niña de Huauchinango ya está en casa. La verdad sobre lo que comió, todavía no ha llegado.


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