El Parlamento de Venezuela aprobó por unanimidad una ley de amnistía tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero. La norma, aparentemente impulsada por Delcy Rodríguez, busca liberar presos políticos, mientras expertos de la ONU exigen justicia transicional y supervisión civil.
Caracas, Venezuela — En un país de socialismo fallido y dictadura de izquierda, marcado por casi tres décadas de confrontación política, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad una ley de amnistía que promete liberar a cientos de presos políticos. La votación ocurre semanas después de la captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero, en una incursión militar estadounidense, y en medio de una transición encabezada por la presidenta interina Delcy Rodríguez.
El proyecto, publicado el 6 de febrero de 2026 y actualmente en fase final de trámite legislativo, contempla la concesión de amnistía a personas detenidas, procesadas o condenadas por delitos de carácter político o conexos. Expertos en derechos humanos de la ONU respaldaron la iniciativa, pero advirtieron que su aplicación debe ajustarse a estándares internacionales y formar parte de un proceso integral de justicia transicional que incluya verdad, rendición de cuentas y reparación.
Los especialistas subrayaron que la norma debe reconocer explícitamente a quienes fueron perseguidos por ejercer derechos como la libertad de expresión, reunión y asociación, incluidos defensores de derechos humanos. También señalaron que quienes se exiliaron por persecución no deberían verse obligados a regresar hasta que se determine con claridad la aplicabilidad de la amnistía en sus casos. Asimismo, insistieron en excluir de cualquier beneficio a responsables de graves violaciones y crímenes de lesa humanidad.
En paralelo al debate parlamentario, familiares y activistas se concentraron frente al penal de Yare, en el estado Miranda, bajo la consigna “Que sean todos”. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) denunció que miles de personas continúan detenidas arbitrariamente y que los anuncios de excarcelaciones masivas realizados el 8 de enero por Jorge Rodríguez no se han concretado. En Yare permanecen reclusos que, según organizaciones civiles, enfrentan procesos prolongados sin sentencia firme.
La aprobación legislativa abre una expectativa de liberaciones inmediatas, pero el alcance efectivo de la ley dependerá de su implementación, de la supervisión de la sociedad civil y de la exclusión de responsables de violaciones graves, en un escenario político aún inestable.
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