La fiscal general Idamis Pastor reveló que Operativa La Barredora, brazo del CJNG, perpetró el ataque en Angelópolis. Contradijo al gobernador Armenta: "No existe evidencia de que las víctimas tuvieran relación con actividades ilícitas". Confirmó cuatro detenidos vinculados a proceso y al menos dos prófugos. Familias convocan manifestación para el viernes 20 de febrero.
Puebla de Zaragoza, Puebla. — Seis días después de la masacre en Angelópolis, la fiscal general del estado, Idamis Pastor, desmontó la narrativa que intentaba vincular a las víctimas con el narcotráfico. En entrevista con el Sistema de Información y Comunicación del Estado de Puebla, la funcionaria fue contundente: "Hasta ahora no existe evidencia de que las víctimas tuvieran relación con actividades ilícitas". La declaración contradice directamente al gobernador Alejandro Armenta, quien sin presentar pruebas había señalado narcomenudeo en "esferas altas" y llamado a padres a vigilar con quién se relacionan sus hijos.
La fiscal reveló que las investigaciones apuntan a que el ataque fue perpetrado por Operativa La Barredora, grupo delictivo que se ostenta como parte del Cártel Jalisco Nueva Generación. "Puedo adelantar que fue parte del grupo de La Barredora quienes realizaron este ataque", declaró Pastor, confirmando así la presencia operativa del CJNG en la zona de Angelópolis. Como parte de las indagatorias, la Fiscalía General del Estado realizó cateos en inmuebles relacionados con el caso y en uno de ellos hallaron indicios de que funcionaba como casa de seguridad de La Barredora.
El secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, detalló que los agresores rentaron una vivienda a dos cuadras del bar para ocultar las motocicletas utilizadas en el ataque. Además, confirmó que el grupo de sicarios era más grande de lo reportado inicialmente: "Nosotros detuvimos cuatro personas, pero creemos que participaron más, nosotros creemos que por lo menos un par más de personas participaron en este evento". Esto eleva a seis el número de atacantes: cuatro ya vinculados a proceso y dos prófugos activamente buscados.
Sissy García, madre de Joaquín Wirth, rechazó categóricamente las versiones que intentaron vincular a su hijo con actividades delictivas. Explicó que el joven había regresado a Puebla tras vivir en España y trabajaba con su padre en Tlaxcala. La noche del ataque acudió al bar para celebrar el cumpleaños de una amiga y, al momento de la agresión, se disponían a abordar una camioneta conducida por un chofer de confianza. El testimonio corrobora la versión de testigos que desde el primer día señalaron que el ataque fue indiscriminado y que las víctimas no tenían relación con el crimen organizado.
Las declaraciones del gobernador Armenta generaron indignación entre familias y ciudadanía. El mandatario afirmó que "cuatro de la mañana es un horario complicado", aunque el ataque ocurrió alrededor de las dos de la madrugada. La imprecisión no fue casual: buscaba construir una narrativa donde las víctimas cargan parte de la responsabilidad por estar en la calle "tarde". Las críticas en redes sociales señalaron que el gobernador traslada la culpa a quienes fueron ejecutados en lugar de reconocer el fracaso de seguridad en una zona que se presume vigilada.
Ante la victimización secundaria del gobierno y la exigencia de justicia, familiares y amigos convocaron a una manifestación contra la inseguridad para este viernes 20 de febrero frente al establecimiento Sala de Despecho. La movilización busca presionar a las autoridades para que esclarezcan el móvil real del ataque y detengan a los dos sicarios que siguen prófugos. La Fiscalía informó que el móvil se conocerá hasta que concluyan las indagatorias, pero la confirmación de que La Barredora operó el ataque refuerza la hipótesis del cobro de piso que autoridades y empresarios se niegan a reconocer.
El caso sigue revelando la captura del territorio poblano por el crimen organizado. Operativa La Barredora, vinculada al CJNG, no solo ejecuta ataques planeados durante semanas, sino que opera casas de seguridad en colonias residenciales y renta propiedades por plataformas como Airbnb sin ser detectada. La declaración de la fiscal Idamis Pastor exonerando a las víctimas desmonta la estrategia oficial de culpabilización, pero no resuelve el problema de fondo: en Puebla opera la Pax Narca, y nadie con poder está dispuesto a romperla.
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