El alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, fue detenido por autoridades federales tras una gestión de 14 meses marcada por denuncias de extorsión, corrupción y violencia política de género. El caso se inscribe en la Operación Enjambre contra abusos municipales.
Tequila, Jalisco. — La detención de Diego Rivera Navarro cerró de forma abrupta una administración municipal que, en poco más de un año, pasó de las promesas de transparencia a un cúmulo de señalamientos penales y conflictos institucionales. El arresto del presidente municipal de Tequila evidenció una gestión bajo escrutinio permanente de autoridades estatales, federales y actores económicos clave de la región.
Rivera Navarro asumió el cargo el 1 de octubre de 2024 bajo las siglas de Morena, con un salario mensual de 64 mil 788 pesos, de acuerdo con el tabulador oficial del Ayuntamiento. Fue presentado como un proyecto de cercanía ciudadana, aunque su administración acumuló al menos ocho denuncias formales relacionadas con extorsión, presuntas irregularidades administrativas y violencia política de género.
El primer conflicto de alto impacto surgió en marzo de 2025, cuando se documentó el cierre del Museo Nacional del Tequila sin autorización del INAH. El inmueble patrimonial fue modificado para uso habitacional y administrativo, lo que derivó en la intervención de la FGR y el aseguramiento del recinto en junio. La Fiscalía Anticorrupción estatal recibió seis denuncias, cuatro de ellas remitidas al ámbito federal.
En diciembre de 2025, la empresa José Cuervo presentó una denuncia penal por extorsión, tras señalar que funcionarios municipales exigieron 60 millones de pesos bajo amenaza de clausurar su planta Cuervo 1800. Aunque hubo un acuerdo posterior por 17 millones de pesos, la compañía formalizó la denuncia. El gobierno estatal reportó que al menos diez empresas más enfrentaron cobros excesivos y presiones similares.
La administración también fue señalada por violencia política de género. Tres regidoras, dos del PRI y una de Morena, denunciaron acoso, amenazas y obstrucción de funciones. Casos documentados incluyeron clausuras administrativas, cortes de servicios y mensajes intimidatorios dirigidos a familiares, según los testimonios presentados ante las autoridades.
Rivera Navarro negó los señalamientos y los atribuyó a disputas políticas, aunque su detención se concretó como parte de la Operación Enjambre y la Estrategia Nacional contra la Extorsión. El operativo federal, confirmado por Omar García Harfuch, incluyó también a tres funcionarios municipales, marcando el colapso institucional de una gestión que duró apenas 14 meses.
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