José Luis García Parra informó de seis denuncias penales por plazas irregulares de entre las miles que predominan en la SEP Puebla. La ASE amplió la investigación de 2,300 a 7,000 plazas tras detectar asignaciones sin concurso y cambios de adscripción sin criterios normativos.
Puebla de Zaragoza, Puebla. — El sistema educativo poblano enfrenta una de las auditorías que prometieron profundas ocurridas en los últimos años. La asignación irregular de plazas magisteriales ha generado que escuelas permanezcan sin maestros durante años, mientras en los registros oficiales figuran como ocupadas. Esta desconexión entre la documentación administrativa y la realidad en las aulas motivó que padres de familia e instituciones educativas presentaran reclamos durante las giras de trabajo del gobernador Alejandro Armenta, quien ordenó investigaciones exhaustivas para determinar responsabilidades y corregir un sistema que presuntamente benefició a grupos específicos mediante mecanismos de corrupción y favoritismo.
El coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, reveló que el Gobierno de Puebla ya interpuso seis denuncias penales contra exservidores públicos de la Secretaría de Educación Pública por irregularidades en la entrega de plazas. El funcionario enfatizó que estas acciones legales no distinguen entre administraciones, pues la instrucción del Ejecutivo estatal es proceder contra cualquier servidor público que haya hecho uso indebido de su cargo, independientemente del periodo en que laboró. Las investigaciones derivadas de una primera auditoría sobre 2,300 plazas permitieron identificar patrones de asignación que violaron procedimientos normativos, lo que llevó a la Auditoría Superior del Estado (ASE) a ampliar, hace aproximadamente 12 días, la muestra investigada a 7,000 plazas magisteriales.
Las irregularidades detectadas incluyen la ausencia de concursos para la asignación de plazas docentes y administrativas, violando los procedimientos establecidos para garantizar que los perfiles correspondan a las necesidades educativas. Además, se identificaron cambios de adscripción realizados sin criterios normativos claros, lo que sugiere arbitrariedad en la gestión de recursos humanos dentro de la dependencia estatal. García Parra advirtió que, en caso de encontrarse nuevas irregularidades en las 7,000 plazas bajo escrutinio, también se procederá legalmente, reiterando que no habrá impunidad ni se permitirán actos de corrupción.
El gobernador Armenta respaldó las investigaciones y lamentó que el ejercicio de la ley genere descontento en ciertos sectores que se beneficiaban de la desorganización. El mandatario señaló que ha observado ataques hacia el secretario de Educación y otros funcionarios que están implementando medidas de ordenamiento, manifestando extrañeza de que "por poner orden se molesten".
La ampliación de la investigación refleja la magnitud del problema en el sistema educativo poblano pero resultados muy modestos. La decisión de triplicar la muestra investigada sugiere que las irregularidades podrían estar más extendidas de lo inicialmente detectado, afectando directamente la calidad del servicio educativo en comunidades que han permanecido sin personal docente pese a la supuesta asignación de recursos humanos.
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