Tras la ejecución de dos de los tres jóvenes baleados en Angelópolis, el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa denunció desde la Catedral de Puebla una ola de violencia "encarnizada" que genera incertidumbre diaria. El gobernador Alejandro Armenta Mier pidió no especular, prometió justicia y propuso regular horarios de bares. Dos instituciones, dos lecturas de la crisis de seguridad en Puebla.

Puebla de Zaragoza, Puebla. — En medio del luto por las víctimas de Angelópolis la respuesta institucional ante el triple homicidio dejó en evidencia la distancia entre quienes padecen la violencia y quienes administran el discurso oficial. Mientras el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa denunció desde el púlpito de la Catedral de Puebla una realidad insostenible, el gobernador Alejandro Armenta Mier optó por pedir paciencia, prometer justicia y desviar la atención hacia la regulación de centros nocturnos. Dos instituciones, dos narrativas, una sola tragedia.

Durante la misa dominical del 15 de febrero, el prelado no se guardó nada. Lamentó la ola de violencia que afecta al estado y señaló que cada día inicia con la incertidumbre de un nuevo hecho violento o el temor de que algún familiar resulte víctima. "Cada acto que creíamos peor, se le añade uno nuevo más encarnizado y con peores maneras de tortura", expresó ante los feligreses. El arzobispo pidió que el actuar de las fuerzas armadas sea pacífico y respetuoso para evitar más hechos violentos, reconociendo implícitamente que la estrategia de seguridad no está funcionando.

Por su parte, Alejandro Armenta optó por el camino de la contención discursiva. En entrevista después de festejar —nadie sabe qué— una rodada de motocicletas la tarde del domingo, el jefe del ejecutivo local pidió no realizar especulaciones sobre el asesinato de Gisele Ortiz Carreto, Joaquín Wirth García y Emmanuel Esteban Campaña Sánchez. "Ya la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía está actuando. Dejemos que se hagan las investigaciones correspondientes para poder aclarar estos hechos. Todo lo que se pueda decir antes es especulación", declaró, ignorando que circulan al menos cuatro versiones diferentes del móvil: ataque directo, cobro de piso, conflicto entre bandas criminales y deuda no pagada.

El gobernador garantizó que no habrá impunidad y destacó la captura de los cuatro presuntos responsables. Sin embargo, su propuesta más concreta fue considerar una modificación a la Ley para la regulación de los centros nocturnos, argumentando que Sala de Despecho estaba funcionando a las 04:00 horas. Pero la medida annunciada, lejos de atacar el problema estructural de inseguridad, extorsión o infiltración del crimen organizado, apunta a regular horarios, como si el problema fuera que los jóvenes salieran tarde y no que sicarios organizados ejecuten ataques planeados durante semanas.

La Iglesia denuncia, el Estado administra. Víctor Sánchez Espinosa habló de una violencia cada vez más "encarnizada"; Alejandro Armenta habló de no especular y de regular bares. Ninguna de las dos instituciones ofrece más, pero al menos una reconoce la magnitud del problema. La otra sigue apostando a que el tiempo, las investigaciones y las promesas de "no impunidad" calmen la indignación ciudadana ante tres jóvenes profesionistas ejecutados en una zona que se presumía segura.

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