El exalcalde de Cuautempan enfrenta cargos por extorsión y portación de armas en la Casa de Justicia de Zacatlán. Tras ser capturado en Tlaxcala el 3 de febrero, su defensa alega una detención ilegal mientras simpatizantes exigen su libertad.
Zacatlán, Puebla. — Este mediodía, la Casa de Justicia de Zacatlán se convirtió en el centro de un proceso judicial contra Gerardo “N”, exalcalde del municipio de Cuautempan. El exfuncionario comparece ante un juez de control tras haber sido localizado y aprehendido el pasado 3 de febrero en un operativo coordinado en el estado de Tlaxcala. La detención pone fin a un periodo de evasión de la justicia que se extendió desde mayo de 2025, fecha en que se liberaron las órdenes de aprehensión originales por delitos que han lastimado profundamente la estructura social de la región de la Sierra Norte poblana.
La Fiscalía General del Estado (FGE) ha presentado una carpeta de investigación robusta que imputa al exmunícipe los delitos de secuestro, extorsión y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. La representación social busca que la autoridad judicial califique como legal la detención y dicte el auto de vinculación a proceso, bajo el argumento de que las pruebas recabadas desde el año pasado vinculan directamente al imputado con actividades delictivas de alto impacto. El entorno del recinto judicial permanece resguardado por fuerzas de seguridad, mientras un grupo de simpatizantes se manifiesta con consignas a favor del señalado, calificándolo como un perseguido político y exigiendo un juicio apegado a derecho.
En contraparte, el equipo legal de Gerardo “N” ha centrado su estrategia en desacreditar el procedimiento de captura, calificándolo de "ilegal" mediante un comunicado oficial. La defensa sostiene que los agentes ingresaron a un domicilio particular sin la debida orden de cateo y omitieron una supuesta suspensión definitiva de amparo que protegía al exalcalde contra actos de privación de la libertad. Bajo esta premisa, los abogados han solicitado que no se aplique la prisión preventiva oficiosa, intentando que el procesado enfrente las etapas subsecuentes del juicio bajo medidas cautelares alternativas. El veredicto del juez de control sobre la situación jurídica del exalcalde marcará un precedente crítico en el combate a la impunidad en administraciones municipales.
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