Entre 2018 y 2025, las reformas de la Cuarta Transformación restringieron progresivamente la actividad minera legal mediante la nacionalización del litio, la recuperación de concesiones y la duplicación de los tiempos de permisos. Simultáneamente, la producción perdida por el control criminal alcanzó los 32,000 millones de dólares en siete años mientras la inversión cayó un 33 por ciento.
RG Revista — La cronología de las restricciones regulatorias a la minería mexicana inicia en 2018 con el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador anunciando la prohibición de la minería a cielo abierto y el congelamiento de facto de las nuevas concesiones. Para 2025, la acumulación de medidas resultó en una contracción sectorial sin precedente: la inversión minera cayó de 5,200 millones de dólares en 2018 a 3,500 millones en 2024, mientras que Chile atrajo 12,000 millones y Perú 7,000 millones ese último año. La diferencia no es geológica, es institucional. México mantiene un potencial mineral comparable pero implementó un marco regulatorio que la industria considera progresivamente hostil, combinado con la incapacidad estatal de garantizar la seguridad en las zonas productivas controladas por el crimen organizado.
El punto de inflexión ocurrió en abril de 2022 con la reforma constitucional que nacionalizó el litio, reservándolo exclusivamente al Estado mexicano. La medida canceló los proyectos de Bacanora Lithium, una empresa canadiense con una inversión proyectada de 1,200 millones de dólares en Sonora, y forzó la salida de Ganfeng Lithium, un gigante chino del sector. El gobierno creó LitioMx, una empresa estatal que dos años después opera con 14 empleados y producción comercial nula, contrastando brutalmente con Chile, que produce 200 mil toneladas anuales de carbonato de litio atrayendo una inversión privada de más de 10,000 millones de dólares en la década reciente. El costo de oportunidad de nacionalizar sin capacidad técnica alcanza miles de millones: durante el superciclo de precios 2020-2022, cuando el carbonato de litio alcanzó los 78 mil dólares por tonelada, México generó cero ingresos mientras los competidores acumularon decenas de miles de millones.
Las restricciones administrativas se acumularon progresivamente afectando las operaciones existentes y los nuevos proyectos. Los tiempos de aprobación de los permisos ambientales se duplicaron de 18 meses promedio a más de 36, mientras que los requisitos documentales se triplicaron, aumentando el costo de compliance entre 2 y 5 millones de dólares por proyecto. Los nuevos requisitos de consulta indígena, legítimos en principio, carecen de plazos definidos, permitiendo que los procesos se extiendan indefinidamente sin certeza para los inversionistas. Las inspecciones ambientales aumentaron su frecuencia un 200 por ciento con criterios de cumplimiento que las empresas describen como discrecionales. En 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la recuperación de más de 200 concesiones mineras argumentando que no están en producción, presionando a las empresas para la devolución voluntaria de permisos en fase exploratoria. La medida envía una señal terminal al sector de exploración: las concesiones otorgadas legalmente no garantizan el derecho a desarrollar un proyecto si el Estado decide recuperarlas unilateralmente.
La carga fiscal minera también aumentó, ubicando a México por encima de los competidores regionales. La tasa de regalía minera alcanza el 7.5 por ciento más derechos especiales adicionales, sumando una carga fiscal total de aproximadamente el 40 por ciento de las utilidades, comparado con el 35 por ciento en Chile y el 32 por ciento en Perú. La retórica presidencial amplificó la percepción de hostilidad sectorial. AMLO declaró reiteradamente que no habría más concesiones mineras nuevas, mientras que Sheinbaum afirmó que no habrá apertura minera y que los recursos no se entregan, generando una incertidumbre que los inversionistas internacionales interpretan como un rechazo al capital privado. Simultáneamente, el secretario de Economía Marcelo Ebrard anuncia una negociación con Estados Unidos sobre minerales críticos, una contradicción que los mercados financieros resuelven apostando a una subordinación futura mediante el acceso preferencial estadounidense.
El impacto económico acumulado entre 2018 y 2025 es cuantificable. La inversión perdida en proyectos cancelados alcanza los 7,500 millones de dólares: el litio representa 1,500 millones, el oro y la plata 3,000 millones, el cobre 1,200 millones y otros minerales 1,800 millones. La producción no realizada suma 32,270 millones en siete años: las 40 toneladas anuales de oro no producidas equivalen a 18,200 millones, las 900 toneladas de plata a 5,670 millones, y otros minerales a 8,400 millones. Los empleos no creados alcanzan los 30 mil directos y los 90 mil indirectos, con salarios perdidos estimados en 2,100 millones. La recaudación fiscal no generada suma 8,900 millones entre impuestos sobre utilidades inexistentes y regalías sobre producción perdida. El costo total conservador alcanza los 50,870 millones de dólares en valor no generado durante los siete años de la Cuarta Transformación, un periodo en que Chile atrajo 84,000 millones en inversión acumulada y Perú 49,000 millones. La brecha de 56,000 millones entre México y Chile no refleja una diferencia geológica sino institucional: un marco regulatorio estable versus restricciones crecientes.
Mientras el gobierno restringía la actividad legal, el crimen organizado consolidaba el control de las zonas productivas. En 2018-2019, los cárteles fortalecieron su dominio de Guerrero; para 2020-2021, la extorsión en Sonora se sistematizó; en 2022-2023, Coahuila vio a los mineros artesanales bajo el control del Cártel del Noreste; 2024 registró minas de hierro en Michoacán operadas por La Familia Michoacana; y 2025 inició con cinco trabajadores de Vizsla Silver asesinados en Sinaloa. El resultado es una paradoja económica devastadora: la actividad legal se restringe progresivamente, la actividad ilegal florece, la producción formal cae mientras la extorsión y el robo crecen. México enfrenta no uno sino dos ataques simultáneos contra su industria minera, una combinación que ningún competidor regional experimenta y que explica la contracción sostenida de un sector con recursos geológicos abundantes pero con un marco institucional y de seguridad colapsado.
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